Forata: responsabilidad y descuido que ponen en jaque a la población

La imagen de una infraestructura clave para la seguridad hídrica convertida en esperanza frágil no puede ser la coartada de la inacción. El riesgo real de rotura de la presa de Forata alcanzó cotas críticas durante la dana de 2024, un hecho que concentró los esfuerzos de las autoridades y que puso en evidencia la vulnerabilidad de la cuenca. Pero las advertencias no brotaron ayer: las «graves deficiencias de seguridad» que recoge la denuncia datan de mucho antes y señalan una trayectoria de desatención peligrosa.

La denuncia presentada por Clara Isabel Colomer contra la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya en manos de un juzgado de Requena, no es una queja retórica: se apoya en las observaciones de ingenieros expertos como Jesús Contreras y describe problemas concretos y medibles. Se denuncia un problema estructural que reduce la capacidad real de desagüe del aliviadero y, sobre todo, un desagüe de fondo inoperativo por obstrucción de lodos que, según la denuncia, no es consecuencia de la dana y cuya reparación "no ha sido acometida aún".

La gravedad se multiplica cuando se constata que estos fallos no son casuales ni recientes. La propia CHJ considera la reparación del desagüe de fondo "inexcusable" en el informe anual de 2023; sin embargo, en sus respuestas defiende que esa circunstancia no compromete la seguridad ni el funcionamiento ordinario. La denuncia, por su parte, sitúa las obstrucciones de lodo incluso en 2007 y concluye que Forata se encontraba ya, antes de la dana, en riesgo de colapso hidrológico.

A ese cóctel de negligencias se añaden omisiones procedimentales: Forata no cuenta con la revisión periódica de seguridad desde 2017, pese a que la normativa exigía una revisión en 2022, y no ha implantado el plan de emergencia aprobado en 2013. En la práctica, significa que no se instalaron las sirenas acústicas previstas para avisar a la población en caso de avenida, un elemento elemental de protección civil.

Las explicaciones administrativas aportan más dudas que certezas: el contrato para la redacción de la tercera revisión y análisis general de la seguridad se licitó a finales del año pasado y quedó desierto, por lo que debe volverse a licitar. Es decir, procedimientos previstos no se han culminado y decisiones esenciales para la seguridad aguardan nuevos plazos administrativos.

La denuncia no se limita a exponer fallos técnicos; reclama responsabilidades. Pide citar a declarar a la cúpula de la CHJ, empezando por su presidente Miguel Polo, y advierte de la "relevancia penal" de la falta de mantenimiento aludiendo al artículo 350 del Código Penal y a un posible delito de falsedad documental según el artículo 390. Son caminos procesales que permitirán clarificar hechos y responsabilidades, pero la urgencia es material: la infraestructura permanece con deficiencias conocidas y sin soluciones ejecutadas.

Que la atención de la emergencia de 2024 se centrara en Forata no exonera de responsabilidad sobre la gestión previa ni sobre la omisión de medidas básicas de seguridad. La suma de un aliviadero mermado, un desagüe obstruido, revisiones pendientes y un plan de emergencia no implantado configura una realidad que reclama respuestas contundentes, transparentes y rápidas. La seguridad de las personas no puede seguir dependiendo de la buena fortuna frente a la inacción administrativa.