Feijóo se apropia de la "prioridad nacional" para blindar al PP frente a Vox

El Partido Popular ha decidido tomar la iniciativa. Lejos de una capitulación, lo que hemos visto en el Congreso es la traducción práctica de una estrategia doble: proteger los acuerdos territoriales con Vox y, al mismo tiempo, cerrar la vía de escape de votantes que podrían emigrar al discurso de Abascal.

Feijóo y su grupo han presentado una enmienda a la moción de Vox sobre migración que, sin mitos ni declaraciones grandilocuentes, incorpora el principio de "prioridad nacional" pero lo acota y lo sujeta a la legalidad vigente. No se trata de una copia literal de consignas: es la asunción del concepto con los límites que el PP considera manejables y jurídicamente encajables.

El contenido de la enmienda es concreto y técnico: promover el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en la "prioridad nacional" entendida como asignación prioritaria a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Entre las medidas propuestas figuran un periodo mínimo reforzado de arraigo y empadronamiento; vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución; y la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su atención a casos de urgencia vital.

En materia de vivienda protegida y alquiler social, el PP propone criterios medibles: empadronamiento histórico —mínimo de diez años para compra y cinco para alquiler— y valoración de la trayectoria de cotización y actividad laboral del solicitante. Son medidas que remiten, explicita la propia enmienda, a los acuerdos sellados en Extremadura y a una posible futura reforma de la Ley de Extranjería para dotarlas de soporte normativo.

Lo relevante es la intención política: con este redondeo, Génova deja claro que no tiene "problemas" con la noción de "prioridad nacional" siempre que se entienda en términos de arraigo territorial y límites legales. Así, el PP acota la interpretación de Vox —que en su moción no detallaba los criterios— y evita que la palabra se convierta en un cajón de indefinición que pueda arrastrarles electoralmente.

Hay que subrayar otra verdad: la moción de Vox, aunque fuera aprobada, no tendría carácter vinculante para el Gobierno. Pero la iniciativa conjunta pone de manifiesto la sintonía política en materia migratoria y el esfuerzo del PP por controlar el relato y fijar las fronteras de esa sintonía.

No es una capitulación al extremismo ni una renuncia a competir por el electorado; es, en cambio, una maniobra de contención y normalización política: sujetar una consigna dura a criterios verificables y a la legalidad, para evitar que el impulso de terceros transforme un argumento en un arma arrojadiza contra la propia estabilidad y futuro del partido.