Extremadura: pacto a la vista con vicepresidencia de Vox y control de Agricultura y Seguridad

La política no admite mercadeo de incertidumbres cuando las piezas ya están colocadas. Lo que en marzo pudo presentarse como prisa o demora ha ido tomando la forma de un pacto que, salvo imprevistos procesales, llevará a María Guardiola a la investidura antes del vencimiento del plazo legal del 4 de mayo, tras un primer intento fallido.

El contorno del acuerdo es, por tanto, conocido y tangible: una reunión en Mérida en las próximas horas con dirigentes nacionales de PP y Vox busca rematar los últimos flecos programáticos y plasmar en un documento de medidas lo que ya les une. Hablamos de un paquete amplio —se menciona un texto de 76 medidas— que recoge, entre otras, la rebaja de la presión fiscal (con referencia explícita a la central nuclear de Almaraz), la reducción de subvenciones a patronal, sindicatos y asociaciones para cooperación internacional, y propuestas sobre inmigración que ya figuraron en las 23 iniciativas presentadas por Vox en el primer intento de investidura.

No es menor la ambición institucional de Vox: pretenden una vicepresidencia en el Ejecutivo autonómico y competencias sobre la Consejería de Agricultura, objetivo primordial en las negociaciones, que se está redefiniendo mediante un nuevo decreto para configurar una estructura diferenciada. A esa pretensión se sumarían las atribuciones en Gestión Forestal —cargo que Vox ocupó en la primera legislatura de coalición— y, además, las consejerías de Industria y de Interior (Seguridad). Todo ello convertiría el organigrama de la Junta en una fotografía distinta a la conocida hasta ahora.

Hay, sin embargo, escollos prácticos. Vox reconoce dificultades para encontrar personas dispuestas a ocupar puestos intermedios en la administración, especialmente direcciones generales, lo que está retrasando la concreción del reparto de responsabilidades y de nombres. Aun así, la intención de que Óscar Fernández Calle ocupe la vicepresidencia por parte de Vox y de que el PP cuente con su propia vicepresidencia —con Mercedes Morón como una de las candidatas posibles— constituye el planteamiento inicial que, según las fuentes, se confirmará tras Semana Santa.

También se han planteado propuestas de calado constitucional y estructural, como la reducción del número de parlamentarios de 65 a 33, reclamada por Vox; una medida que, aclaran las fuentes, no sería aplicable en esta legislatura. Es decir: la negociación avanza con ambición de reforma pero con cautela sobre su implantación inmediata.

Los líderes nacionales han dado su bendición al avance. El propio Óscar Fernández Calle subrayó el viernes pasado lo cerca que están de cerrar el pacto, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmó que la negociación en Extremadura está "muy adelantada" y que esta semana se ha producido ya un contacto más formal en la región. Feijóo, además, vinculó este empeño a su voluntad de facilitar gobiernos en varias comunidades, rechazando que los problemas internos de Vox conduzcan a más inestabilidad política.

Que el acuerdo se redacte ahora en términos programáticos y organizativos revela una voluntad de darle forma jurídica y administrativa: nuevo decreto para la Consejería de Agricultura, reparto de competencias y un documento de medidas que deberá ser publicado y defendido ante la opinión pública. El resultado, sea cual sea la fecha definitiva, cambiará la fisonomía del Gobierno extremeño y planteará, desde el primer día, responsabilidades políticas claras ante los ciudadanos.