Exigir cuentas: la Justicia reclama quién redactó los informes que podrían alfombrar contratos amañados

La pieza separada del conocido como 'caso Koldo' avanza con una exigencia elemental: saber quiénes escribieron las razones que sostuvieron adjudicaciones públicas hoy bajo sospecha. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha contestado a esa necesidad procesal y ha pedido al Consejo de Obras Públicas, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, la remisión urgente de los dictámenes incorporados a diez expedientes y la identificación de los funcionarios que intervinieron en su redacción.

No es un requerimiento retórico. La petición atiende a la solicitud formulada por la Fiscalía Anticorrupción —representada ante el juez por el fiscal Luis Pastor— y tiene por objeto "completar" la investigación sobre la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública. La investigación señala un patrón: el favorecimiento recurrente de distintas constructoras para la obtención, presuntamente fraudulenta, de contratos a cambio de contraprestación económica. Esa es la hipótesis que motiva la solicitud documental y la identificación de responsabilidades técnicas y administrativas.

Los hechos y los nombres ya incorporados a la instrucción no son trivialidades. Figuran como investigados ex dirigentes políticos y altos cargos: los ex secretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán; la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; y el ex director general de Carreteras, Ignacio Herrero. En paralelo, aparecen nombradas las empresas adjudicatarias —Acciona, Levantina Ingeniería Construcción (LIC) y Obras Públicas y Recados (OPR)— y directivos de esas compañías también imputados. Todo ello dibuja un expediente complejo en el que convergen decisiones administrativas, informes técnicos y la responsabilidad de quienes los redactaron.

Las adjudicaciones bajo la lupa suman cinco obras de Adif y otras cinco de la Dirección General de Carreteras. En Adif se investigan obras tan diversas como el soterramiento de vías en Murcia; la construcción de la plataforma de un tramo entre Murcia y Almería; la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat; mejoras en elementos críticos de la línea Monforte-Lugo; y obras de emergencia para estabilizar taludes en la red de ancho métrico de Asturias. En materia de carreteras, los expedientes alcanzan a la autovía A-68 en La Rioja; los nuevos tirantes del Puente del Centenario en Sevilla; modificaciones en la A-32 entre Linares y Albacete; la adaptación de la segunda calzada de la A-63 en Asturias; y la licitación de un tramo de la A-12 entre La Rioja y Burgos.

La reclamación judicial apunta a un eslabón decisivo: los dictámenes técnicos que legitimaron —o al menos avalaron— decisiones de gasto y adjudicación. Saber quién los suscribió es conocer quién puso la firma técnica detrás de contratos que afectan a infraestructuras estratégicas y al dinero público. Ese cauce documental es imprescindible para que la investigación no se quede en conjeturas sino que avance sobre responsabilidades concretas.

El Estado soberano exige transparencia y la investigación judicial reclama claridad. No hay atajos: si existen irregularidades, deben ser esclarecidas mediante pruebas, documentos y nombres. La iniciativa de la Audiencia Nacional responde a ese imperativo básico de control: conocer la génesis técnica de las decisiones públicas para dictaminar si hubo o no favores que vulneraron la ley y el interés general.