Exigimos la libertad: España no tolera la retención de un compatriota

No cabe ambages ni eufemismos: la retención de Saif Abukeshek, ciudadano español integrante de la flotilla Sumud, ha sido calificada por el presidente del Gobierno como una "nueva violación del derecho internacional". Desde el acto del PSOE en Málaga, Pedro Sánchez ha señalado con firmeza que España exige la libertad del ciudadano que, según sus palabras, "ha sido secuestrado ilegalmente por el gobierno de Netanyahu".

El Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, no ha quedado en la retórica. Ante la información sobre la retención y el posible traslado del ciudadano de nacionalidad española a Israel, el ministro ha activado contactos permanentes con sus homólogos en Israel y Grecia para recabar información y exigir que se respeten la legalidad internacional y los derechos del retenido. No son gestos simbólicos: los contactos se desarrollan a distintos niveles, técnicos y diplomáticos, para atender con prontitud la situación.

En la práctica, las embajadas y consulados de España en Grecia e Israel están movilizados para prestar protección consular, tanto en caso de que el ciudadano llegue a territorio israelí como para asistir al resto de españoles afectados. Exteriores ha reiterado su condena a la retención y ha exigido la inmediata liberación del compatriota.

El contexto es el de una nueva campaña de la flotilla de Global Sumud, que partió el 15 de abril de Barcelona con 58 embarcaciones con destino a Gaza para intentar romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria. La flotilla fue detenida en aguas griegas con cerca de 175 activistas de distintas nacionalidades, entre ellos alrededor de treinta españoles. No es la primera vez: en octubre pasado una flotilla similar fue detenida, en aquel caso con más de 60 españoles a bordo.

Ante la privación de libertad de un ciudadano español, España ha optado por la respuesta institucional que corresponde: condena pública, exigencia de liberación y despliegue consular y diplomático para proteger derechos. Queda en manos de las autoridades implicadas responder conforme a la legalidad internacional y a la protección debida a la condición de nacional español.