Exigen prisión provisional para Martínez y Gómez: la Justicia ante una prueba de fuego

El pulso a la legalidad y a la transparencia entra en una fase acelerada. El PSOE ha presentado ante la Audiencia Nacional una petición de prisión provisional para Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2013-2016), y para el comisario Andrés Gómez, a cuenta del inminente juicio por la operación 'Kitchen', cuya vista oral comienza el 6 de abril.

Los socialistas argumentan —y así lo elevan a la Sala— que existe riesgo de fuga. No es una afirmación lanzada al viento: se apoya en la gravedad de los delitos que se imputan a Martínez (malversación, organización criminal, delitos contra la intimidad, revelación de secretos, cohecho, entre otros) y en la previsión de penas que excederían con creces la barrera de los dos años. La petición busca, explícitamente, «garantizar el normal desarrollo de la vista oral y la efectividad de una eventual sentencia condenatoria». Esa es, precisamente, la prioridad del Estado de Derecho.

El PSOE incide en elementos concretos que, según sostiene, aumentan el riesgo. Señala los frecuentes viajes de Martínez a México por motivos familiares —está casado con una mexicana— y subraya que no se ha acreditado la investigación sobre su capacidad económica ni facilitado acceso a esa información. También recuerda que Martínez estuvo en prisión preventiva hasta junio de 2025 por su supuesta participación en una organización criminal que cometía ciberataques contra bases de datos públicas, y que actualmente es investigado en el denominado caso 'policía patriótica'.

De ese contexto extraen los socialistas una sospecha legítima en términos procesales: difícilmente se compaginan los viajes transnacionales, las cargas familiares y el coste de una defensa en varias causas complejas con la mera percepción de un sueldo público. Por eso aluden a la posibilidad de «otras cuentas de ingresos» no explicadas, sin afirmar datos que no constan formalmente en la documentación judicial.

En paralelo, la petición incluye al comisario Andrés Gómez Gordo, también acusado en el juicio. El PSOE advierte que el riesgo de fuga se ve agravado por la existencia ya concretada en una resolución judicial de una previsión de pena de inhabilitación. Esa inhabilitación, razonan los socialistas, supondría la práctica anulación de su vínculo profesional con el territorio nacional como miembro de la Policía, «eliminando uno de los principales elementos de sujeción al proceso y reforzando el incentivo para sustraerse a la acción de la justicia».

Igual que en el caso de Martínez, el PSOE cuestiona cómo puede afrontar Gómez el coste de defensas letradas en varias causas complejas con los ingresos propios de funcionario, apuntando a la posibilidad de «fuentes de ingresos adicionales no esclarecidas». Es decir: plantean dudas procesales que la investigación y el juicio deben despejar.

No es un clamor político vacío: se trata de una medida provisional cuyo objetivo declarado es asegurar la comparecencia de los procesados en el juicio y la efectividad de las resoluciones judiciales. La Audiencia Nacional tendrá la última palabra, y su decisión será determinante para que el procedimiento se desenvuelva con todas las garantías procesales y de seguridad jurídica. El país exige claridad y el Estado de Derecho exige medidas proporcionales y motivadas. Ahora corresponde al órgano jurisdiccional calibrar ese equilibrio y actuar en consecuencia.