Exigen cuentas y dimisiones: las víctimas llevan al Congreso la herida abierta de Adamuz

La herida sigue abierta y la paciencia se ha convertido en exigencia. El 15 de abril, la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz concentrará ante el Congreso de los Diputados para reclamar respeto, transparencia y, sobre todo, medidas que eviten que una tragedia con 46 fallecidos y alrededor de un centenar de heridos vuelva a repetirse. No es un acto ritual: es la respuesta de quienes han visto cómo la vida se fracturó en un instante.

Han ido a pedir explicaciones a la cúpula de Adif y han salido con la misma respuesta que ya dieron en el Congreso: el presidente, Luis Pedro Marco, no asumirá más responsabilidades hasta que exista un veredicto judicial. Las víctimas, que no han acusado a los operarios, sí reclaman responsabilidad del gestor de infraestructuras y pidieron expresamente su dimisión en la reunión mantenida. La petición choca con la cautela institucional: la máxima responsabilidad, dicen, no puede diluirse en tecnicismos procesales cuando la sociedad exige claridad.

No es una demanda aislada ni emotiva sin anclaje factual. El último informe de la Guardia Civil, conocido por las partes, confirma la rotura de la vía 22 horas antes de la colisión. Ese dato, lejos de aplacar dudas, alimenta el reclamo de transparencia sobre por qué se produjeron actuaciones —como la retirada de materiales de las vías por parte de Adif— sin la autorización previa de la jueza instructora, tal y como denuncian las propias víctimas.

Las protestas y las exigencias de dimisiones no son nuevas en el mapa ferroviario. Tras el accidente en Gelida, días después de Adamuz, el Govern catalán reclamó responsabilidades y Adif destituyó al director general de Explotación y Mantenimiento, que después fue recolocado en otro puesto dentro del mismo organismo. La concatenación de incidentes —Angrois, Bejís, Adamuz, Gelida— dibuja una sucesión de episodios que interpela a quienes gestionan la red y a quienes deben garantizar su seguridad.

Mientras tanto, las ayudas públicas previstas por el Real Decreto-ley aprobado en enero —un paquete de 20 millones para acelerar apoyos a las víctimas de Adamuz y Gelida— no se han desplegado con la velocidad prometida: la asociación contabiliza, a la fecha de esta publicación, solo dos beneficiados por esas ayudas urgentes. El Gobierno defendió entonces la urgencia de la medida: que las víctimas no esperen años a que los tiempos procesales y los trámites administrativos resuelvan su situación. Esa urgencia reclama hoy traducción efectiva en respuestas y prestaciones.

Y no solo las ayudas están pendientes: la propia red de Adif registra una presión creciente. Para la próxima semana, el gestor prevé en la red convencional hasta 1.045 incidencias —1.104 si se computan bifurcaciones y nudos de vía—, con 43 incorporaciones nuevas al registro semanal de maquinistas. La mayor concentración de novedades se produce en la red madrileña (27), con estaciones concretas como Embajadores-Atocha, Vicálvaro, San Fernando de Henares y Madrid-Santa Catalina afectadas. El informe añade que el 28% de las nuevas incidencias obedecen al estado de la vía y otra parte a obras.

La suma de víctimas que piden explicaciones, la confirmación de una rotura de vía horas antes del siniestro, la demora en las ayudas y la persistencia de incidencias en la red forman un retrato inquietante. No es ya solo un clamor por consuelo económico o simbólico: es una demanda de inversión, control y responsabilidad. El 15 de abril, las víctimas subirán al centro de la política nacional su reclamo: no es ruego; es mandato de sociedad que exige garantías. Quien gestiona las vías debe responder con hechos, no con silencio ni con desplazamientos administrativos. El país no puede permitirse que la seguridad ferroviaria sea asunto de parcheo y excusas.

Que el Congreso sea testigo no es casualidad: las víctimas piden a la democracia respuestas claras y medidas que protejan a los ciudadanos. La política tiene la oportunidad —y la obligación— de convertir ese clamor en reformas, en inversión y en responsabilidad clara. Todo lo demás será insuficiente.