Estrasburgo confirma: la Justicia española fue ratificada

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha decidido no admitir a examen por la Gran Sala la solicitud planteada por Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sànchez. Con esa resolución, la sentencia dictada en noviembre pasado queda firme: se avaló la actuación del magistrado del Tribunal Supremo y de la Sala que celebró el juicio.

La conclusión de Estrasburgo confirma que las prisiones preventivas no respondieron a un propósito de neutralizar candidaturas o de castigar la ideología de los encausados. Siete magistrados, ya en la resolución anterior, dijeron que existían cauces jurídicos y constitucionales para que los procesados pudieran expresar y promover sus ideas, por lo que su ideología no fue la causa de la medida cautelar.

Además, el Tribunal Europeo consideró que las limitaciones a la actuación política de los procesados no fueron arbitrarias y resultaban proporcionales, en atención, entre otros extremos, a la gravedad de los hechos y a la vulneración de valores esenciales del Estado de Derecho que se discutían.

La negativa a elevar el asunto a la Gran Sala pone punto final, al menos desde la jurisdicción europea, a una discusión que obligó a ponderar seguridad jurídica, separación de poderes y garantías procesales. La decisión trae consigo la firmeza de una resolución que respalda el criterio aplicado por los tribunales españoles en un asunto que dividió a la sociedad y puso a prueba la capacidad del Estado para responder a desafíos institucionales.

Que una instancia europea confirme, sin abrir paso a una reapertura colegiada por 17 jueces, es un mensaje claro: los resortes del proceso judicial —tal como fueron valorados— resistieron el escrutinio internacional en esta fase. Corresponde ahora a la esfera política asumir las consecuencias de una resolución que toca el núcleo del orden constitucional y la convivencia pública.