Estados Unidos radicaliza la etiqueta y la respuesta: ¿ha cambiado algo realmente?

El pasado 5 de junio de 2026, el Registro Federal de Estados Unidos rubricó una decisión de peso: el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) pasan oficialmente a engrosar la nómina de organizaciones calificadas por Washington como terroristas. Marco Rubio, en su firma, materializó un giro que ya venía incubándose desde la orden ejecutiva firmada el primer día del segundo mandato de Donald Trump en 2025.

No se trata solo de un gesto retórico. La inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) conlleva consecuencias concretas: congelación de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, prohibición de transacciones con personas o empresas de EE. UU. y la amenaza de sanciones para quienes prestan apoyo material, financiero o logístico. Es, en suma, una estrategia de estrangulamiento económico y de supervisión financiera sin contemplaciones.

Sin embargo, y aquí viene la paradoja que los hechos documentan: esa etiqueta dura no ha mostrado, por ahora, un debilitamiento claro de las organizaciones afectadas fuera del caso venezolano. Expertos consultados por la BBC señalan que, salvo en Venezuela, la designación no ha traducido en una caída apreciable de la delincuencia ni en la desarticulación de las estructuras criminales. Lo que sí ha cambiado es el terreno para los negocios del sector privado y la exposición penal de individuos que caen en manos de la justicia estadounidense.

El rastro de la medida ha sido visible y diverso en la región. En México, donde en febrero de 2025 seis facciones recibieron la misma calificación, la presión diplomática sobre el Gobierno se ha intensificado: en los últimos meses se han producido imputaciones —según la información— contra diez funcionarios del estado de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el Cartel de Sinaloa. El Gobierno mexicano denunció además una supuesta operación no autorizada de la CIA en su territorio, tras la identificación de dos agentes que fallecieron en un accidente de tráfico mientras investigaban laboratorios.

En Venezuela, la acumulación de acciones llevó a un episodio extremo: la invasión armada y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro en enero de este año, un suceso que marca un punto de inflexión en la presión contra el crimen organizado en ese país. Y en Colombia y otros países de la región, la inclusión de organizaciones como el Clan del Golfo o el Tren de Aragua en la lista estadounidense ha servido para habilitar medidas de bloqueo y cooperación más agresivas.

La lógica de Washington es clara y directa: cambiar el tono con que se califican estas redes y elevar la respuesta legal y financiera hasta el umbral de la política antiterrorista. Pero los hechos muestran que convertir una organización criminal en «terrorista» no garantiza, por sí mismo, su desarticulación. Sí promete, eso sí, penas más severas para los extraditados a EE. UU. y una fiscalización brutal de las transacciones internacionales que las atraviesan.

Queda, finalmente, una lección evidente en los registros oficiales y en las voces expertas: las etiquetas endurecen sanciones y estrechan márgenes de maniobra financieros, pero no reemplazan la necesidad de políticas nacionales firmes, cooperación internacional efectiva y respuestas que combinen inteligencia, justicia y control económico. La administración estadounidense ha movido ficha; ahora corresponde a los países afectados leer el tablero sin ceder soberanía y con la claridad que exigen los hechos.