Enchufes a la vista: la trama que salpica al aparato socialista

El Tribunal Supremo vuelve a poner sobre la mesa un caso que no admite adjetivos suaves: en plena pandemia, decisiones de contratación en empresas públicas aparecen teñidas por lazos personales y favores políticos. Tras el testimonio que señaló a Jessica Rodríguez, ahora es Claudia Montes la que recoge el relevo de una historia marcada por la proximidad al poder.

Montes, conocida también por su paso como Miss Asturias +30 2017, declarará cómo terminó en Logirail, una empresa pública, y cuál fue el papel que le atribuyen los investigadores al entonces ministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. Esos son, en los hechos del sumario, los nombres que articulan la narración: presentaciones en mítines, peticiones de ayuda, y la intervención de un hombre de confianza para colocar a allegados en plazas públicas.

No se trata de rumorología: la UCO de la Guardia Civil sospecha de una contratación "ilegal" por la "influencia" de Ábalos y la "relevante colaboración" de su asesor. Frente a esa sospecha, Montes sostiene que superó un proceso de selección y que, a diferencia de la primera referida, sí desempeñó funciones. Esos contrastes son los que hoy examina el tribunal: la ley y la percepción pública frente a la práctica política.

Los mensajes de WhatsApp entre Montes y Koldo García forman parte del expediente y revelan idas y venidas en la relación laboral: gestiones para acercar su oficina al domicilio, intervenciones para evitar su despido. Son documentos que, sin teatralidad, muestran la mecánica del contacto entre la esfera política y la función pública.

Como telón de fondo siguen las declaraciones sobre Jessica Rodríguez: cobros en Ineco y Tragsatec sin evidencia de trabajo efectivo, saltos de trámites habituales en procesos de selección, la omisión de entrevistas imprescindibles. Testigos de Ineco y Tragsatec ya han explicado procedimientos distintos a los seguidos en su caso; responsables que encendieron la alarma y altos cargos que, según el relato, habrían pedido que la dejaran en paz.

Hoy comparecerán también supervisores de Montes en Renfe y Adif, empresas vinculadas a su contrato, y responsables de Logirail que pueden aclarar si aquellas contrataciones obedecieron a criterios de mérito o a pulsos de influencia. El país observa, y la justicia escucha: no se trata solo de nombres y cargos, sino de la credibilidad de las instituciones públicas cuando la pandemia exigía lo contrario a clientelismos y favores.

Si las sospechas que enumera la investigación se confirman, la lección será clara para cualquier formación política: no hay excusa que valga cuando la administración pública se convierte en red de enchufes. Y si las defensas demuestran lo contrario, la transparencia saldrá reforzada. Pero el proceso, en sí mismo, es ya una advertencia: la confianza en lo público no se reconstruye con silencios ni con atajos. Hoy, el Supremo recoge testigos; mañana, la democracia pedirá responsabilidades si los hechos así lo dictan.