El Supremo mantiene a Koldo García en prisión: la justicia decide prudencia frente a la sospecha

El Alto Tribunal ha hablado con la mesura que impone la deliberación: Koldo García seguirá en prisión hasta la sentencia. La Sala de lo Penal ha rechazado la petición de excarcelación formulada por la defensa al término del juicio por los contratos de mascarillas en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.

Los magistrados subrayan un hecho elemental y circunstancial: tras la vista oral no se ha modificado ninguna de las circunstancias tenidas en cuenta en noviembre para acordar la prisión provisional. La petición verbal de la abogada de García —que alegó la ausencia de peligro de fuga una vez concluido el juicio— se encontró con la oposición de Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular ejercida por el PP, que reclamaron mantener la medida cautelar al estimar que los indicios se han confirmado en la vista y que es previsible la imposición de penas elevadas.

La argumentación del auto es nítida y restrictiva: no se advierte ninguna modificación que permita entender desaparecido el riesgo de fuga. Además, la Sala recuerda que la deliberación que ahora se abre exige un examen detallado de la causa; no es tiempo de decisiones sumarias sino de cautela procesal.

No es una novedad la decisión de mantener la prisión. El magistrado instructor, Leopoldo Puente, ordenó el ingreso el pasado 27 de noviembre al apreciar un riesgo de fuga que calificó de “extremo”, una apreciación motivada por la extensión de las penas solicitadas por las acusaciones y por la existencia de indicios que, a su juicio, apuntaban a la eventual comisión de hechos graves.

Las acusaciones públicas han sido explícitas en la gravedad de lo reclamado: la Fiscalía pide para García 19 años y medio de cárcel; la acusación popular ejercida por el PP eleva su petición hasta los 30 años. Frente a ello, las defensas de Ábalos y de su exasesor han pedido la absolución, denunciando falta de pruebas.

El juicio quedó visto para sentencia tras el enérgico alegato final de Anticorrupción, que definió la conducta de los acusados como constitutiva, a su juicio, de una organización criminal cuyo objetivo fue obtener beneficio aprovechando el cargo de Ábalos. Las disputas sobre responsabilidad y pruebas continuarán en la fase de deliberación y en los recursos que se planteen.

Paralelamente, la defensa de Koldo García mantiene batalla procesal en la Audiencia Nacional. Ha presentado un recurso contra la imputación por un nuevo delito de tráfico de influencias derivado de contratos de compraventa de mascarillas ejecutados por Canarias y Baleares, porque sostiene que esos suministros ya forman parte del relato fáctico acreditado en la causa del Supremo. La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, consideró que la Audiencia debía investigar esas diligencias y citó a declarar a García y a Víctor de Aldama, con comparecencias inicialmente fijadas para el 14 de mayo (y la del comisionista aplazada al 21 de mayo).

La defensa alega que la imputación paralela sobre los mismos hechos y acusados constituye una doble persecución simultánea prohibida por la ley. Es una controversia procesal que añade capas a un procedimiento ya complejo: prisión provisional, peticiones de pena relevantes, vista oral concluida y la fase de deliberación que ahora se abre.

En esta encrucijada, la Sala del Supremo ha optado por la prudencia procesal: mantener la cautela ante indicios que, según las acusaciones, podrían justificar penas muy elevadas. No es un veredicto de culpabilidad, pero sí una señal clara de que la respuesta judicial irá paso a paso y con cautela, hasta la sentencia definitiva.