El Supremo cita a Ábalos el 28-A: la vista que pone en el banquillo a la era Covid

El Tribunal Supremo ha dictado fechas que no admiten distracciones. El juicio por la llamada trama de las mascarillas arrancará el 7 de abril, a la vuelta de Semana Santa, y se adentrará en los hechos que marcaron decisiones públicas y compras durante la pandemia.

No son comparecencias menores. José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama declararán el 28 de abril en la recta final de la vista oral. La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 para García y siete para Aldama, que ha colaborado con la Justicia. Esos datos marcan la gravedad de las imputaciones que se sustancian ante el Alto Tribunal.

Los delitos que se van a juzgar están enumerados con claridad procesal: cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación. No son etiquetas genéricas: forman el armazón de la acusación que debe probarse en la vista.

Antes del interrogatorio de los acusados desfilarán 75 testigos: empresarios, familiares de los investigados, políticos y peritos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El tribunal que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta ha programado comparecientes de peso institucional. El 22 de abril, a partir de las 15.30 horas, declararán el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quienes, en el momento de los hechos, eran presidentes de Canarias y Baleares respectivamente.

También figuran entre los citados quienes aparecen vinculados a la trama: las amigas íntimas del ex ministro Ábalos, Jésica Rodríguez y Claudia Montes; el ex gerente del PSOE Mariano Moreno Pavón; la empleada de Ferraz Celia Rodríguez; el empresario José Ruz, propietario de Levantina Ingeniería y Construcción; y la empresaria Carmen Pano, que declaró haber llevado bolsas de dinero a la sede del PSOE por indicación de Aldama. La lista se completa con altos cargos y antiguos responsables públicos: la presidenta del Tribunal de Cuentas Enriqueta Chicano; la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; el ex director general de Carreteras Javier Herrero; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez; el director general de la Policía Francisco Pardo Piqueras; y ex jefes de gabinete y presidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado.

El tribunal ha planificado la vista durante todo el mes de abril, también con la presencia de empresarios vinculados al caso hidrocarburos, como Claudio Rivas y Luis Alberto Escolano, ambos investigados en la Audiencia Nacional. El proceso, presidido por el magistrado Martínez Arrieta, será la prueba de fuego para las imputaciones señaladas por la Fiscalía y la oportunidad para que la verdad procesal se despliegue ante el Alto Tribunal.

No es retórica: es procedimiento y calendario. La sociedad espera respuestas y una explicación judicial que aclare responsabilidades en compras públicas tan sensibles como las realizadas en pandemia. El Supremo ha fijado las fechas; corresponde ahora a las partes y a los testigos acudir y a la Justicia cumplir su función con rigor.