El Supremo avanza: embargarán a Ábalos y a Koldo García si no pagan la fianza

El Estado de derecho impone obligaciones y las obligaciones tienen consecuencias. El Tribunal Supremo ha activado ahora el mecanismo jurídico correspondiente: al vencerse el plazo para depositar las fianzas de 60.000 euros que se impusieron a José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García, la Sala Penal ha ordenado averiguar su patrimonio para proceder, si procede, al embargo.

No es una medida ornamental ni una coartada retórica: la fianza fue decretada en diciembre, como garantía de responsabilidad económica por el procedimiento que se abre contra ellos por la llamada trama de las mascarillas, cuyo juicio arrancará el próximo 7 de abril. La propia Sala advirtió entonces que, si no se ingresaba la suma en el plazo de cinco días, se acudiría al embargo de bienes. Hoy se da ese primer paso procesal.

El Supremo justifica la cuantía, en parte, en la reclamación de la Fiscalía Anticorrupción, que pedirá en la vista una indemnización conjunta a Ineco y Tragsatec por importes concretos comunicados en la causa. Es ese marco objetivo —las posibles responsabilidades patrimoniales derivadas del proceso— el que sustenta la exigencia de garantías económicas.

Técnicamente, la petición de averiguación patrimonial se elevará al Punto Neutro Judicial, la red informática gestionada por el Consejo General del Poder Judicial que conecta con bases de datos como Hacienda o la Seguridad Social. No es curiosidad ni espectáculo: es el cauce procesal previsto para localizar recursos que permitan hacer efectiva una posible garantía.

El juicio ante el Supremo sentará, además de a Ábalos y a Koldo García, al empresario Víctor de Aldama a partir del 7 de abril. Los tres están acusados en el sumario de delitos graves que figuran en la resolución: cohecho, tráfico de influencias, malversación, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 24 años para Ábalos y 19 años y medio para García; la acusación popular liderada por el PP eleva esas peticiones hasta 30 años para ambos.

El tratamiento procesal de Aldama difiere: tanto Fiscalía como las acusaciones populares han reducido la petición de pena para él a siete años, en atención a su colaboración con la investigación y a su autoinculpación, según consta en la causa. Y el tribunal que juzgará el asunto está integrado por un panel de magistrados conocidos: Andrés Martínez Arrieta (presidente), Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres y Javier Hernández.

Los hechos que constan en el expediente han precipitado actuaciones urgentes; el siguiente movimiento procesal ya se ha puesto en marcha. La certeza del procedimiento —fechas, cifras, destinatarios— es la que ahora guía la respuesta judicial: fianza impuesta, plazo vencido, investigación patrimonial por Punto Neutro Judicial y juicio fijado para el 7 de abril. La letra procesal corre, mientras la ciudadanía observa.