El Supremo actúa: Alvise investigado por amenazas al alcalde de Algeciras

El Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa contra el eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, por un presunto delito de amenazas al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. La decisión se sustenta en la querella del regidor, que relata cómo el líder de Se Acabó la Fiesta anunció la difusión en Telegram de audios, documentos y capturas que atribuían a Landaluce comportamientos delictivos o gravemente deshonrosos si no dimitía.

No es un expediente aislado: esta es la quinta causa que la Sala Penal incoa contra Alvise. Ya pesaban sobre él investigaciones en el Supremo por supuesta financiación en efectivo de campaña, por la difusión de una prueba falsa de covid respecto a Salvador Illa, por amenazas a una fiscal de delitos de odio en Valencia y por revelación de secretos y acoso contra dos ex compañeros de lista, Diego Solier y Nora Junco. El hecho de acumular causas no exime a nadie del derecho a la presunción de inocencia, pero tampoco permite que las investigaciones se frenen por la condición de eurodiputado.

La investigación en curso choca con la inmunidad parlamentaria: el avance de las diligencias está condicionado al levantamiento de la misma por parte del Parlamento Europeo. La Eurocámara ya ha comenzado a tramitar el suplicatorio para dos de las causas, pero aún no se ha resuelto, lo que limita la capacidad del Supremo para profundizar o adoptar medidas cautelares.

Respecto a la querella de Landaluce, un juzgado de Algeciras instó a borrar las publicaciones en Telegram tras la denuncia, y el alcalde elevó además una querella al Supremo por coacciones y, subsidiariamente, por amenazas condicionales. La Sala Penal, tras examinar el escrito y las capturas y certificaciones electrónicas aportadas, ha apreciado “indicios racionales” del delito de amenazas y ha acordado abrir investigación. En cambio, por ahora no observa indicios del delito de coacciones, sin cerrar la puerta a una reconsideración a medida que avance la instrucción.

El instructor asignado, por turno, será el magistrado Antonio del Moral. Los magistrados consideran que de los mensajes que reproducen las piezas de la querella se desprende —indiciariamente— que Alvise anunció “de forma expresa y reiterada” la difusión pública de materiales incriminatorios vinculando explícitamente la no difusión a la dimisión del alcalde. Son indicios que el Supremo ha estimado suficientes para pasar de la denuncia local a la apertura de causa judicial en la más alta instancia penal.

Es la lógica del procedimiento: cuando la disputa trasciende la política y se coloca en el terreno de la amenaza condicionada, corresponde al Estado de Derecho investigar con rigor y rapidez. La tutela judicial reclama pruebas, plazos y, sobre todo, que las instituciones actúen con independencia, sin atajos ni privilegios. Que la investigación avance o no dependerá ahora, además, de decisiones que no se toman en España sino en la Eurocámara, una circunstancia que añade complejidad y obliga a respetar los cauces legales sin exageraciones ni demoras.