El sobre que sacude el poder: Aldama reafirma la acusación contra el PSOE

La Audiencia Nacional recibió el pasado jueves un sobre cuyo contenido, según quien lo aportó, no es un simple papel: es la pieza que, en su versión, demostraría una financiación ilegal del PSOE. Víctor de Aldama compareció ante el instructor Ismael Moreno, citado en secreto, y reafirmó su relato en una declaración de dos horas.

En su testimonio, Aldama sostiene que el sobre contiene un millonario cupo de petróleo que, siempre según su versión, le entregó en mano la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El empresario afirmó asimismo que esa operación tenía por objetivo financiar de manera irregular, entre otras organizaciones, a la Internacional Socialista.

La existencia del sobre no surgió de la nada: la Guardia Civil lo localizó tras intervenir el teléfono de uno de los colaboradores de Aldama. La Fiscalía Anticorrupción requirió la documentación y el juez Moreno citó al empresario el 4 de marzo para su entrega. La comparecencia se aplazó en aquel momento para preservar la cita y finalmente se celebró con la entrega formal en sede judicial.

Aldama ha venido anunciando durante meses que dispone de pruebas relevantes sobre supuestas actividades del PSOE y llegó a asegurar que, cuando se conozcan el contenido del sobre y los detalles complementarios que aporta, Pedro Sánchez tendrá que dejar de ser presidente del Gobierno. Esos anuncios forman parte ahora del trámite judicial que se abrió con la intervención telefónica, la actuación de la Fiscalía y la comparecencia ante el instructor.

Los hechos son, a la vez, simples y explosivos en su enunciado: una pieza documental localizada por la Guardia Civil, requerida por la Fiscalía y puesta en manos del juez, y la reiteración pública y judicial de unas acusaciones por parte del empresario que las promueve. Corresponde ahora al sumario, a la Fiscalía y a la investigación judicial verificar lo que Aldama afirma y determinar las responsabilidades que, en su caso, puedan derivarse.

El proceso pone en marcha un procedimiento de contrastación: el cronista del Estado, que es la ley, reclamará de las partes pruebas, peritajes y diligencias. Mientras tanto, las declaraciones se multiplican fuera de las salas de vista y la política permanece a la espera de que la investigación confirme o desmienta la versión que ha desbordado los despachos y las conversaciones públicas.