El Senado corrige el coladero que quería Sánchez: antecedentes, no declaraciones

El Senado, donde el Partido Popular dispone de mayoría, ha dado un portazo a la regulación masiva impulsada por el Gobierno. Tres modificaciones a la Ley de Extranjería han sido aprobadas para impedir que inmigrantes en situación irregular, que el Ejecutivo pretendía beneficiar, obtengan automáticamente permisos de residencia o nacionalidad sobre la base de una mera declaración responsable.

La enmienda popular no es cosmética: reclama un historial delictivo claro y exige un informe policial completo para tramitar autorizaciones. No hay concesiones retóricas; la Cámara ha fijado un standard: no bastan buenas intenciones, se necesita control.

Estas propuestas legislativas han sido inyectadas junto a la Ley de Multirreincidencia presentada por Junts. Esa ley, también aprobada en el Senado, endurece las penas y busca sancionar con hasta tres años de prisión el robo de móviles, además de tipificar como delito la venta de bidones de combustible a narcolanchas en alta mar. El senador Eduard Pujol calificó la multirreincidencia como una “auténtica pesadilla” que ha roto la convivencia en barrios y pueblos.

Desde las filas del PP, el senador Juan Bautista ha advertido la relación entre control migratorio y seguridad: resulta inviable combatir eficazmente la multirreincidencia si se permiten accesos sin control riguroso. Bautista ha censurado que aceptar solamente una declaración responsable equivaldría a convertir a España en un “coladero” para delincuentes y a favorecer a las mafias.

El camino parlamentario no termina en el Senado: las normas deberán volver al Congreso de los Diputados para su tramitación definitiva. Ahí se abre la pelea política. El PSOE ha acusado al PP de plegarse a la agenda de Vox y anunció que llevará el texto de vuelta al Congreso para ser corregido. Con los apoyos de Vox, la suma en el Senado era suficiente; en la Cámara baja, sin embargo, todo dependerá de los apoyos y de la posición de formaciones como ERC, que optó por la abstención en la votación senatorial.

La polémica se desató, en parte, por la apuesta del Ejecutivo socialista por un borrador en el que una simple declaración responsable bastaría para acreditar la ausencia de antecedentes penales. Según el documento del Gobierno al que ha tenido acceso La Razón, la declaración se entendería válida si la Administración del país de origen no respondía en un mes —o, en su defecto, la del último país de residencia— y, en segunda instancia, si tras solicitar el certificado de antecedentes penales no había respuesta transcurrido otro mes, el Ejecutivo podría recabar la información necesaria. Si tampoco hubiera información, la declaración responsable sería suficiente.

Ese mecanismo, además, abre la puerta a problemas prácticos: la inestabilidad política en ciertos países dificulta la verificación documental y facilita falsificaciones de archivos. El propio reportaje señala países donde estas verificaciones resultan complicadas. Asimismo, el borrador contemplaba la posibilidad de exonerar ciertos delitos recogidos en el Código Penal, extremo que encontró rechazo entre quienes reclaman controles más estrictos.

El Senado ha decidido, por ahora, volver a imponer requisitos y controles: no a la tramitación basada en la presunción y sí a la exigencia de informes y certificaciones. La cuestión queda ahora en manos del Congreso, donde se decidirá si prevalece la exigencia de seguridad y verificación o si el Gobierno mantiene su vía de la declaración responsable como atajo administrativo.