El Sabadell no clausura, plantea futuro público para su sede en Alicante

La salida anunciada de la Universidad de Alicante del emblemático edificio del Banco Sabadell en la calle San Fernando no debe leerse como un cierre en blanco y negro. Es un punto y seguido, con letra mayúscula: la institución académica no prorrogará la cesión y prepara el traslado de sus servicios a la sede de Ramón y Cajal, pero la titularidad y el destino del inmueble pasan ahora a manos del banco.

El Sabadell, entidad que ya gestionó la absorción de la CAM y heredó este activo, ha dejado clara una prioridad pública y pragmática: el edificio debe seguir con vida, no ser una joya cerrada. Para ello ha planteado una estrategia en dos fases que no es mera retórica, sino pasos concretos. La primera, una due diligence que audite el estado real del bien, determine las necesidades y cuantifique la inversión precisa para garantizar un mantenimiento y una posible reforma. La segunda, partir de ese estudio para valorar destinos que mantengan el pulso del inmueble abierto a la ciudad.

Que la UA no pueda asumir la reforma no es una excusa para la dejadez: la propia universidad estimó que una reforma global superaría los seis millones en modernización, además de los 760.000 euros de costes de mantenimiento anual y el millón ya invertido en adecuaciones. Datos duros que explican la decisión de no prorrogar, pero que no borran el interés público del edificio: 6.240 metros cuadrados, al menos siete aulas, una sala de conferencias para 97 personas, sala de informática y salón polivalente lo convierten en un activo de dinamización en el centro de Alicante.

El objetivo declarado del Sabadell es claro y digno: evitar que el inmueble permanezca cerrado y desocupado y procurar que siga siendo un polo cultural y de estudio, manteniendo, por ejemplo, la sala de lectura. Para ello abrirá la posibilidad a interesados que asuman su gestión una vez concluido el traslado universitario, previsto con mantenimiento de actividad hasta julio y mudanza durante agosto y septiembre, antes de que venza la cesión en octubre.

No hay novedades todavía en cuanto a operadores interesados; la disponibilidad del edificio solo se hizo pública la pasada semana. Pero los hechos hablan por sí mismos: un edificio protegido de 1923, obra de Juan Vidal, con una historia de servicio público —de Caja de Ahorros a CAM y luego a Sabadell, y cedido a la UA en 2015 como gesto de integración social— merece una solución que preserve ese espíritu. No es momento de literalismos ni de especulaciones: toca auditar, decidir con criterios de utilidad pública y garantizar que el centro histórico no pierda un equipamiento de primer orden.

El reto es técnico y ciudadano a la vez. Técnica, porque la due diligence debe ser rigurosa y transparente; ciudadana, porque la finalidad que se elija deberá responder a la vocación social que el edificio ha desempeñado: conferencias, talleres, cursos y salas de estudio. El banco ha abierto la puerta; corresponde a las instituciones públicas, al sector cultural y a posibles operadores privados presentar proyectos serios que mantengan su función dinamizadora. Todo lo demás sería despilfarro de patrimonio y de oportunidad para Alicante.