El relato del “fondo de resistencia”: la versión de los Pujol frente al fiscal

Hoy, en la Audiencia Nacional, los hijos de Jordi Pujol ocuparon la sala con un argumento repetido y uniforme: la fortuna oculta en Andorra no es fruto de comisiones ni de tramas de adjudicación, sino la materialización de la previsión de un abuelo inquieto, Florenci Pujol.

Según han declarado los siete hermanos, Florenci, temeroso por las turbulencias políticas de España y por la pasión catalanista de su hijo, decidió dejar fuera de los circuitos fiscales una suma importante de dinero como “fondo de resistencia”, en palabras de Oriol Pujol. Esa es la clave del relato familiar: un legado pensado para proteger el patrimonio de la familia frente a inquietudes políticas.

Los hermanos han trazado la biografía financiera de Florenci: desde el tráfico ilegal de divisas en Tánger durante la autarquía, hasta inversiones bursátiles, la participación en un laboratorio que vendió una pomada exitosa y su papel como uno de los fundadores de Banca Catalana. Ese perfil es el que, según la familia, permitió la constitución del supuesto legado.

En la causa constan una carta manuscrita de Florenci dirigida a su nuera, Marta Ferrusola, en la que expresa sus recelos sobre el uso del dinero por parte de su hijo. Esa pieza documental —reconocida por los procesados— es, según los hermanos, la prueba escrita de una voluntad de reserva destinada a la nuera y a los siete nietos.

La herencia, explican, databa de septiembre de 1980 y, en 1990, ya bajo la gestión del primogénito, se dividió en ocho partes —la nuera y los siete nietos—, excluyendo expresamente al entonces presidente de la Generalitat. En términos expuestos por los propios procesados, la deixa original ascendía a “unos 500 millones de pesetas”, cifra que con la actualización del IPC puede situarse alrededor de 8 millones de euros actuales, es decir, aproximadamente un millón por persona.

Los hijos sostienen, además, que en 2000 los productos financieros en los que se invirtió aquel capital vencieron con rendimientos que doblaron la cuantía inicial, y que desde entonces cada heredero gestionó su parte: algunos invirtieron con mayor riesgo —caso del primogénito Jordi Pujol Ferrusola—; otros, como Mireia, lo hicieron con cautela.

En su comparecencia, los hermanos optaron por no replicar al fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, limitándose a responder a las preguntas de sus abogados. La Fiscalía, por su parte, no comparte la tesis del legado: acusa que los fondos en Andorra proceden de la corrupción política, y que los pagos millonarios recibidos por Jordi Pujol Ferrusola encubrieron comisiones derivadas de adjudicaciones públicas durante la larga etapa de gobierno de Jordi Pujol (1980-2003).

La trayectoria bancaria familiar, además, quedó marcada en 2010 cuando Andbank “invitó” a la familia a marcharse por su condición de personas expuestas, lo que llevó a trasladar las cuentas a Banca Privada d’Andorra (BPA). La situación saltó a la esfera pública en julio de 2014 con la publicación de informaciones que dinamitaron el anonimato de aquellos depósitos.

De lo declarado hoy se desprende un choque frontal de versiones: por un lado, la familia que apela a la previsión de un abuelo y a una carta manuscrita; por otro, la Fiscalía que apunta a la corrupción como origen de los fondos. La Audiencia Nacional, con las preguntas del ministerio público y las réplicas contenidas de los acusados, dirime ahora entre dos relatos que no admiten medias tintas y que mantienen al país atento a una resolución que implicará, de nuevo, a una de las familias más emblemáticas de la política catalana.