El puente del Centenario: corrupción, atascos y una Sevilla postergada

La historia del puente del Centenario es, a día de hoy, un relato de promesas incumplidas y de sombras que se proyectan sobre el espacio público. Lo que debía ser una modernización para aliviar el tráfico de un nudo vital de Sevilla —un viaducto por el que circulan cerca de 100.000 vehículos diarios— se ha convertido en el epicentro de un escándalo y en un símbolo de la incapacidad de las administraciones para ejecutar infraestructuras a tiempo.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dejó el primer rastro en su día: el 15 de noviembre de 2018 aparece referida la trama que relaciona a Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García y otros en torno al puente. Los mensajes que recogen los investigadores —como el intercambio del 2 de abril de 2019 en el que, según la UCO, Cerdán insta a "cerrar Sevilla"— son la constatación de que en la adjudicación hubo maniobras con aroma a amaño. La UCO apunta a una comisión de algo más de medio millón de euros que, según la investigación, se habría repartido entre los implicados.

El contrato de la ampliación —sustituir 88 tirantes y añadir un sexto carril— arrancó en 2021 con una UTE formada por Acciona (Acciones), Tecade y Freyssinet. El presupuesto inicial se cifró en algo más de 88 millones de euros y se estableció un plazo de 27 meses. Es decir: una obra pensada para terminar antes de las elecciones municipales de 2023 y que, sin embargo, tres años después no supera la mitad de ejecución.

Las sucesivas modificaciones al presupuesto ya habían disparado la factura: en 2023 se aprobó una primera modificación por 16,4 millones que elevó el coste hasta 102,8 millones. Ahora las empresas reclamaron añadir 17 millones más, lo que hubiese llevado el coste cercano a 120 millones, y, ante la negativa del Ministerio de Transportes, la UTE anuló unilateralmente el contrato y dejó la obra parada.

La consecuencia es doble: por un lado, el atasco cotidiano de los conductores que sufren la infraestructura tal como está; por otro, la paralización administrativa y técnica que obliga al Gobierno a volver a licitar y adjudicar lo que quede pendiente. El departamento que dirige Óscar Puente sostiene que se tramita un nuevo proceso para retomar las obras, pero la realidad tangible es otra: un proyecto que debía estar terminado y que, hoy, figura entre los grandes retrasos sevillanos.

Y no es un caso aislado. Los sevillanos llevan décadas sintiendo el agravio en materia de infraestructuras: del metro a la SE-40, de conexiones pendientes entre el aeropuerto y Santa Justa, los proyectos se eternizan, se fragmentan o se demoran. La sensación de maldición que arrastra la ciudad desde la Expo'92 no nace del romanticismo: nace de obras que arrancaron, se prometieron y nunca se completaron a tiempo. El puente del Centenario, además, suma la mancha de la investigación que la UCO dejó en su expediente y que entraña responsabilidades públicas y políticas.

Esta situación tiene consecuencias políticas inmediatas. El atasco del puente y la parálisis de su reforma han entrado en la campaña electoral andaluza, introduciendo un lastre para la candidata socialista en Sevilla, vinculada hasta hace semanas al Gobierno cuya gestión se defiende y a personas investigadas en este asunto. Los ciudadanos no solo sufren retenciones: sufren la erosión de la confianza en la gestión pública.

La lección es amarga y clara: no basta con adjudicar y comenzar obras de apariencia relevante; hacen falta transparencia, control riguroso de contratos y ejecución efectiva. Sin eso, cada inversión anunciada puede convertirse, como en el Centenario, en una promesa rota y en un coste añadido para la ciudadanía y para la credibilidad del propio sistema político.