El PSOE moviliza la oposición contra la 'prioridad nacional' de PP y Vox

El Partido Socialista ha decidido pasar al ataque institucional: mociones y proposiciones no de ley en ayuntamientos, parlamentos autonómicos, Congreso, Senado, FEMP y Parlamento Europeo. No es retórica: es estrategia coordinada para defender lo que, según su comunicado, constituye el principio básico de igualdad ciudadana.

El origen del conflicto está claro y está dicho por quienes lo denuncian: la fórmula bautizada como "prioridad nacional", acordada por PP y Vox en la concesión de ayudas y subvenciones, se percibe como una norma que sustituye la necesidad por el lugar de origen. Para el PSOE, esa prioridad no es una mera preferencia administrativa; es un criterio que fractura a la sociedad al dividir entre ciudadanos "de primera" y "de segunda categoría".

No se trata solo de sensibilidad política: el propio comunicado socialista apela a la legalidad. Afirma que la medida vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución y contradice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Son argumentos jurídicos que trasladan la disputa del terreno político al del Estado de derecho.

El PSOE alerta además del efecto en cadena que puede desencadenar la exclusión: primero la población migrante, subrayan, y después otros colectivos. Señalan el riesgo de que acaben marginados mujeres, personas LGTBI, quienes menos tienen, hablantes de lenguas cooficiales o, en suma, todo aquel que no comparta la visión de la derecha con la que se ha pactado.

Por último, el comunicado emplea un término contundente: la "prioridad nacional" es también, a juicio del PSOE, un paso hacia el desmantelamiento de los servicios públicos y hacia la desinstitucionalización en la que, sostienen, se mueven bien los partidos radicales. Es la lectura de quien ve en la iniciativa no solo una disputa por subvenciones sino una ofensiva ideológica y administrativa contra el carácter igualitario del Estado.

La ofensiva socialista, por tanto, promete batalla en todos los foros: local, autonómico, estatal y europeo. Es la respuesta organizada de un partido que reclama la defensa legal y política de la igualdad ciudadana frente a una propuesta que califica de excluyente e ilegal.