El PSOE castiga a 45.000 autónomos de Castilla‑La Mancha: la factura de una política ciega

Cuando la política pública deja de ser instrumento para potenciar la iniciativa y se transforma en carga, el Estado deja de ser aliado y se vuelve escollo. Así lo ha puesto en evidencia la diputada nacional del PP por Castilla‑La Mancha y portavoz en la Comisión del Tribunal de Cuentas del Congreso, Pilar Alía: las decisiones del Gobierno socialista derivan, según su análisis, en un «grave impacto» sobre los autónomos de la región.

No es retórica: la denuncia concreta se centra en una subida de 135 euros mensuales de la cuota a la Seguridad Social. Una cifra —tres dígitos que pesan cada mes sobre la espalda de quien lleva a hombros su propio negocio— que, según Pilar Alía, afectará a miles de trabajadores por cuenta propia en Castilla‑La Mancha.

Y no todos los autónomos sufren por igual. Alía ha señalado que el incremento golpeará especialmente a los autónomos societarios y colaboradores, que representan el 30% del total en la comunidad autónoma. Es ahí donde el aumento convierte la tensión económica en asfixia cotidiana para quienes sostienen empleos y actividad local.

La dimensión del problema no es pequeña: cerca de 45.000 autónomos castellanomanchegos, siempre según la portavoz popular, se verán perjudicados por este encarecimiento. No se trata sólo de cifras, sino de familias, de proyectos empresariales y de tejido productivo regional que reciben una carga adicional cuando la competitividad y la supervivencia deberían ser la prioridad.

Frente a ello, cabe preguntar con firmeza: ¿qué modelo de país se pretende construir cuando la política incrementa de forma tan directa los costes de quienes generan empleo por su cuenta? La advertencia del PP, recogida por Pilar Alía, exige respuesta y, sobre todo, medidas que eviten que la Administración deje de ser facilitadora para convertirse en lastre.

La política tiene que elegir: apoyar la iniciativa privada que crea riqueza y empleo, o gravarla hasta sofocarla. Castilla‑La Mancha y sus 45.000 autónomos merecen claridad, defensa y soluciones que no conviertan una subida en una sentencia económica para miles de trabajadores por cuenta propia.