El PP planta a Sumar y deja en vilo el decreto de alquileres
La negativa popular sitúa la convalidación en manos de Junts y desnuda la debilidad de la iniciativa de Sumar

Redacción · Más España


El escenario es de una política sin disimulos: Sumar anunció una ronda de contactos en solitario para intentar convalidar su real decreto ley de alquileres y se encontró con la puerta cerrada del PP.
Fuentes del grupo parlamentario popular confirman el plantón: no habrá reunión con la formación que impulsa la norma y la negativa llega acompañada de una frase cortante que resume su posición: la gente "no tiene que pagar la incompetencia del Gobierno en vivienda".
El decreto, que prorroga los alquileres que caducan en 2026 y 2027 para evitar subidas vinculadas al ascenso de precios, es una de las banderas de Sumar. Fue precisamente esa tensión la que llevó a los suaristas a plantarse durante dos horas ante el PSOE, impidiendo la celebración del Consejo de Ministros.
Sumar decidió abrir las conversaciones sin la participación del PSOE, excluyendo a Vox, para buscar apoyos. El rechazo del PP cambia ahora la ecuación: la votación queda en manos de Junts, cuyos siete diputados resultan decisivos y que, según el artículo, se ha mostrado contrario a la medida.
Desde el PP añaden sus reproches: el llamado "escudo social" debe pagarlo el Gobierno, no los ciudadanos; intervenir más el mercado no es la solución; lo que hace falta es construir más viviendas y dar seguridad jurídica a propietarios e inquilinos. El partido apunta también que muchas de sus propuestas sobre vivienda cuentan con "apoyo constatado de la mayoría parlamentaria" y subraya que el Ejecutivo, que "lleva gobernando ocho años", es "el problema, no la solución" a la crisis.
Queda, por tanto, un pulso abierto. Sumar mantiene su campaña de presión en dos frentes: la parlamentaria, con estas citas, y la calle, con manifestaciones promovidas por asociaciones de inquilinos y plataformas por la vivienda. Pero la negativa del PP y la posición de Junts ponen en evidencia que la convalidación no está asegurada y que la batalla política por la vivienda sigue con más incertidumbres que certezas.
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