El PP aprieta: la comisión del Senado va a la ofensiva por el caso Koldo

El calendario no es casualidad: el Partido Popular, con mayoría absoluta en el Senado, ha dispuesto una batería de comparecencias en la comisión de investigación que coinciden con el desarrollo del juicio por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo. Lo hace cuando en la sala se sientan José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, acusados en la causa. No es una coincidencia logística; es una operación política trazada para mantener la atención sobre un hilo que conecta política, negocios y decisiones públicas.

La primera comparecencia será la de Julio Martínez, lobista de Plus Ultra, administrador único de Análisis Relevante y conocido como "Julito", citado este jueves. Le sucederá, el martes 14, Sergio Sánchez, director de relaciones institucionales de Movistar Plus, redactor de los informes de Zapatero para Análisis Relevante y titular del 25% de esa sociedad. El jueves 16 vuelve la cita para Francisca Muñoz, esposa del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien ha alegado problemas de salud en ocasiones anteriores para evitar comparecer.

La Comisión ha reaccionado ante fotografías recientes que muestran a Muñoz participando en actos de Semana Santa, y ha decidido volverla a citar ante dudas sobre la veracidad de los justificantes médicos. Para el PP, esas maniobras son "una burla a todos los españoles" y una demostración del desprecio hacia las instituciones y la verdad por parte del sanchismo. Esa acusación no es retórica menor: viene acompañada del plan de ampliar las comparecencias a la cúpula de la SEPI.

La próxima semana deberán pasar por la Cámara Alta la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda; su número dos, el vicepresidente Bartolomé Lora; y su predecesor, Vicente Fernández. El anuncio lo hizo la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que ha ligado el inicio del juicio en el Supremo con la obligación de recordar actuaciones pasadas y responsabilidades políticas. García ha subrayado, con énfasis, que quien ayer defendía en el Congreso la regeneración hoy está bajo investigación y que "los que venían a regenerar la vida pública han terminado degradándola".

El PP ha enlazado además el caso de las mascarillas —un proceso que, según la nota, afectó a un contrato investigado por un importe superior a los mil millones de euros— con otros episodios que, en la argumentación popular, afectan a personas próximas al presidente del Gobierno. La portavoz ha añadido críticas sobre la presión fiscal que, según sus cifras citadas, ha crecido notablemente en recaudación por IRPF, y ha acusado al Ejecutivo de convertir a los ciudadanos en una "máquina de recaudar" para sostener su acción política.

No es sólo una estrategia de cámara: es la prolongación parlamentaria del debate judicial. El PP anuncia que seguirá empujando la investigación en el Senado, convencido de que los responsables de los presuntos hechos "acabarán pagando por ello en los juzgados y en las urnas". Sea en el Tribunal Supremo, sea en la comisión, la confrontación entre responsabilidades jurídicas y responsabilidades políticas se presenta hoy nítida y sin tapujos.