El PP abre la puerta para que los jueces elijan a los jueces

El Partido Popular ha tomado la iniciativa y ha reabierto un debate esencial: quién nombra a quienes deben garantizar la independencia judicial. En el Pleno del Senado, cámara hoy dominada por los populares, se debate y aprueba una proposición de ley orgánica que aspira a sustraer la elección de los doce vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial de cualquier intervención del Parlamento o del Gobierno, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea.

No se trata de retórica: la propuesta concreta del PP traza un procedimiento estrictamente judicial. Establece una circunscripción electoral única, reconoce el derecho a voto a todos los jueces y magistrados en servicio activo y el derecho a ser elegible salvo causas legales de inelegibilidad, y prohíbe la elección de quienes hayan desempeñado cargos políticos como ministros, secretarios de Estado, consejeros autonómicos, alcaldes, diputados, senadores, miembros de parlamentos autonómicos o del Parlamento Europeo. Tampoco permite la reelección de vocales del consejo saliente.

La mecánica de las candidaturas busca canalizar la iniciativa individual y asociativa: jueces pueden presentarse en solitario —avalando su candidatura con 20 firmas o con el aval de una asociación judicial— o concurrir respaldados por asociaciones legalmente reconocidas. Las asociaciones profesionales podrán avalar una sola candidatura completa, con un máximo de ocho candidatos individuales.

El sufragio se celebrará de forma presencial o por correo postal con garantías. La papeleta contendrá una única lista abierta diseñada para garantizar la representación de todas las categorías judiciales y la paridad; cada elector podrá votar hasta ocho de los doce candidatos a elegir. Por cada vocal titular se elegirá además un suplente.

La composición prevista es precisa y buscada: tres magistrados del Tribunal Supremo; tres magistrados con más de quince años de antigüedad; y seis jueces o magistrados sin exigencia de antigüedad. Asimismo, se fija una representación mínima del 40% para cada sexo. Son reglas que pretenden responder a las críticas de politización que han señalado tanto la Comisión Europea como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y que la Comisión de Venecia entiende como el único modelo ajustado a estándares europeos para eliminar la intervención política.

El PP utiliza la tribuna del Senado para formalizar una reforma que suprime la llave parlamentaria y ejecutiva en la elección de los vocales del turno judicial. Es una apuesta por trasladar la decisión al seno de la carrera judicial, con límites claros para evitar la vuelta a la militancia política. Sea cual sea el juicio político que merezca la medida, son hechos: la iniciativa se tramita en la cámara que controla el PP, incorpora las recomendaciones europeas y establece un procedimiento detallado para que sean los jueces quienes elijan a los jueces.