El papel que abre puertas: el consulado de Marruecos y la regularización que puede cambiar vidas

Hay papeles que valen más que su precio. Youness sale del consulado de Marruecos en Barcelona con uno de ellos: un certificado de antecedentes penales que dice, en árabe y con la contundencia burocrática que corresponde, “no consta”. Tres euros. Un gesto administrativo que, según relata, puede traducirse en permiso de residencia y trabajo y en la posibilidad de ejercer como mecánico, oficio para el que se ha formado.

Ese papel no es anécdota: es requisito explícito de la regularización extraordinaria aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Quien lo obtenga, como muchos marroquíes ya hacen, tiene margen para presentar su solicitud antes del 30 de junio. Quien no lo tenga, cuenta con una vía prevista: presentar un justificante de que lo solicitó sin éxito y autorizar al Ministerio de Justicia a gestionarlo por vía diplomática, procedimiento que puede suspender el trámite hasta tres meses mientras se explora esa alternativa.

Las noticias desde el consulado marroquí en Barcelona son, en este sentido, más que un alivio: son trabajo en marcha. Testimonios recogidos señalan que los certificados se expiden con normalidad, en plazos de entre dos semanas y un mes, y que el propio consulado ha ampliado horarios —incluso en fines de semana— para absorber la demanda desde que en febrero se anunció la exigencia del documento. La comunidad marroquí en España, la más numerosa entre las nacidas en el extranjero (1,1 millones empadronados), ha respondido con anticipación a esa llamada masiva.

Pero no todos los costes del proceso se limitan a los pocos euros del papel. Hasán paga el certificado, suma 25 euros por la traducción jurada que el consulado no presta y desembolsa 300 euros por asesoría legal. Muchos optan por pagar a profesionales para evitar errores en un trámite decisivo. Otros afrontan la precariedad de jornadas en negro y condiciones de vivienda que testimonios describen como infraviviendas, realidades que la regularización pretende mitigar dando acceso a permisos de trabajo que puedan frenar abusos laborales, incluso cuando estos provienen de compatriotas.

Las historias personales señalan otra consecuencia tangible: la posibilidad de recuperar oficios, consolidar empleos o escapar de ocupaciones precarias. Hay quien, como Fátima, compagina cuidados y cocina mientras aspira a volver a su labor profesional como profesora de personas con discapacidad. Otros, como Omar, plantean ya otra preocupación marcada en la solicitud: cómo acreditar su vulnerabilidad.

No se trata de retórica sino de plazos y procedimientos concretos. El decreto fija requisitos, caminos alternativos y horizontes temporales; los consulados ponen horarios y expiden documentos; las personas, con nombres y oficios, se organizan y pagan para encajar su vida en la nueva norma. El resultado puede ser, para más de medio millón de potenciales beneficiarios, un cambio de estatus que no borra años de trabajo duro ni dificultades, pero sí abre la puerta a derechos y protecciones que hasta ahora les eran esquivos.