El juicio monumental que plantea una encrucijada entre seguridad y justicia

Comienza en El Salvador un proceso que pasará a los anaqueles de la memoria colectiva: 486 personas acusadas de pertenecer a la Mara Salvatrucha, entre ellas, según la Fiscalía, fundadores y miembros de la máxima jerarquía. No es un juicio cualquiera; es un megaproceso que concentra en un mismo banquillo años de violencia, miedo y decisiones políticas de alto voltaje.

La Fiscalía atribuye a los imputados 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluidos 29.000 homicidios, feminicidios y desapariciones. Entre los cargos figura la orden de matar a 87 personas en un solo fin de semana de marzo de 2022, el suceso que precipitó la respuesta gubernamental más dura: la declaración de “guerra” a las pandillas y la petición de un régimen de excepción que dura ya cuatro años.

Ese régimen excepcional, que según datos oficiales ha llevado a más de 91.000 detenciones, suspendió garantías y amplió poderes de investigación y detención. Bajo ese paraguas legal se abrieron las puertas a juicios colectivos, se suprimió el plazo máximo de instrucción penal de 24 meses y se otorgaron nuevas facultades a la Policía Nacional Civil. Medidas pensadas para atajar el crimen pero que, por su alcance, arrojan sombras sobre la garantía de un proceso individualizado y riguroso.

No es casualidad que las críticas aparezcan con nitidez. Organizaciones como WOLA y Human Rights Watch han advertido que las reformas amenazan derechos fundamentales: acceso a la justicia, debido proceso y la defensa. Expertos de la ONU han señalado que la seguridad pública no puede pisotear el derecho a un juicio justo. La voz de esos reparos no es una frivolidad intelectual; es la alarma que suenan criterios legales y humanitarios frente a procedimientos masivos.

El formato del juicio también interpela: 413 de los acusados comparecerán de forma virtual; 73 están prófugos y serán juzgados en ausencia. Más de 250 imputados permanecen recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad construida por el Gobierno. Son imágenes y números que hablan de una estrategia de mano firme —la que celebran quienes ven reducida la amenaza de las pandillas— y, al mismo tiempo, de un desafío monumental para jueces, defensas y el sistema penal.

La Fiscalía incluso ha procesado a algunos imputados por rebelión, argumentando que buscaban mantener control territorial y establecer un “estado paralelo”, lo que atentaría contra la soberanía nacional. La MS‑13 y su rival Barrio 18, nacidos en Los Ángeles en los años 80 y designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos el año pasado, llegaron a controlar, según el gobierno, hasta el 80% del territorio salvadoreño en su apogeo. Son datos que explican la radicalidad de la respuesta estatal, pero no disipan la exigencia de transparencia y garantías.

El reto está claro: juzgar crímenes atroces cometidos durante más de una década exige pruebas sólidas, análisis minucioso y garantías reales de defensa. Como ha subrayado un juez salvadoreño, el proceso “exigirá mucho cuidado” y meticulosidad en el examen de la evidencia. Convertir la justicia en espectáculo, en acto masivo que busca el efecto disuasorio pero sacrifica la identificación individual de responsabilidades, sería una traición al principio mismo del Estado de derecho.

La balanza entre seguridad y justicia nunca es sencilla. El pueblo salvadoreño merece vivir sin el terror que impone la criminalidad violenta; a la vez, merece que la respuesta del Estado no destruya las bases legales que distinguen una democracia de un régimen que impone resultados a cualquier precio. El juicio que arranca es, por tanto, una prueba de fuego: no solo para los acusados, sino para la solidez institucional de un país que exige, con justicia y con firmeza, ambas cosas a la vez.