El juicio de las mascarillas desnuda una trama y una defensa en picado

El tribunal encara hoy la recta final del primer juicio por el llamado 'caso Mascarillas'. Tras semanas de instrucción y pruebas, la vista oral se cierra con los informes de acusaciones y defensas que decidirán si las piezas encajan en la cadena de responsabilidades dibujada por la UCO.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, abrirá la sesión con un informe que, según fuentes, pretende poner en valor la colaboración de VÍctor de Aldama. Luzón elevó ya a definitivas sus peticiones de pena: 24 años para José Luis Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Aldama. Esos números no son papel mojado: señalan la calificación jurídica que Anticorrupción atribuye a cada uno y el mapa de delitos que se les achaca.

La acusación del fiscal describe roles diferenciados y concretos: Ábalos, por su condición de ministro, "el que abría puertas en la Administración"; Koldo, el gestor de fondos y alter ego; Aldama, el empresario que recaudaba y pagaba. A Ábalos y a Koldo se les imputan, según la acusación, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación. A Aldama, organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, con la apreciación de una atenuante simple por su colaboración inicial con la investigación.

La defensa de Ábalos y de su exasesor ha anunciado que se empleará a fondo contra los informes de la UCO y contra la confesión de Aldama, intentando desvincular a sus clientes del conjunto de los cohechos y sobornos que los investigadores han atribuido. Esa estrategia ha pasado, en la vista, por cargar contra el propio comisionista, a quien la UCO calificó como "nexo corruptor".

Aldama, por su parte, ha reconocido su papel y ha colaborado con la Justicia. Ese reconocimiento precipitó un choque interno en la fiscalía: la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, impidió que Luzón solicitara una atenuante muy cualificada para el empresario que destapó la trama en fase embrionaria. No obstante, Luzón dispone hoy de vía libre en su intervención oral para sostener que la colaboración de Aldama merece una rebaja mayor de pena y, según explican fuentes, previsiblemente lo hará, apoyándose incluso en referencias a la legislación europea.

En el plano político, la batalla se ha traslado fuera de la sala. El PSOE calificó de "escándalo de primer nivel" que las acusaciones populares, lideradas por el PP, pidan menos de dos años de cárcel por cada delito atribuido a Aldama. Patxi López se preguntó públicamente: "¿En qué ha colaborado? Dijo que iba a aportar pruebas de la corrupción del PSOE. ¿Dónde están esas pruebas?". Desde Moncloa, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, fue aún más directo y acusó al PP de connivencia con el comisionista: "les doy las gracias al PP y a Aldama por dejar tan claro que están colaborando los unos con los otros y los otros con los unos".

Ferraz, por su parte, evita entrar a valorar la declaración de Ábalos, que no respaldó la tesis de una financiación ilegal del PSOE ni señaló a Pedro Sánchez. Las fuentes socialistas insisten en un argumento procesal: confiar en que "la Justicia haga su trabajo, vaya hasta el final, determine dónde están los culpables y que caiga el peso de la ley sobre ellos".

Hoy, en la sala, se decidirá cuánto peso se concede a la investigación de la UCO, a la confesión y cooperación del empresario y a las tesis de defensa que apartan a los acusados del núcleo delictivo. No hay atajos: los informes cerrarán el círculo probatorio que deberá sostener, o desarmar, las peticiones de pena que pesan sobre tres nombres que, hasta ahora, han monopolizado la tormenta política y judicial de este caso.