El juez Peinado impone la ley: Begoña Gómez irá a jurado popular

El auto del juez Juan Carlos Peinado no es un gesto menor ni un trámite administrativo: es la ratificación de una instrucción que concluyó el pasado abril y que ahora avanza hacia un jurado popular. Peinado ha rechazado los recursos de reforma presentados por Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, y mantiene la decisión de que la causa se juzgue ante un tribunal de jurado.

No cabe aquí la ligereza de los eufemismos. El magistrado confirma la existencia de indicios que fundamentaron su decisión del 20 de marzo y cita su propio auto del 11 de abril para reiterar los hechos señalados. Los delitos que figuran en la causa —presunto tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida— permanecen en el escrito que ahora avanza a la fase de juicio.

La imagen empleada por el juez, al evocar conductas “más propias de regímenes absolutistas” y remontarse al reinado de Fernando VII para ilustrar la gravedad de los hechos que imputa, no es una frase decorativa: es la contundencia de quien considera que los indicios advertidos demandan respuesta pública y procesal ante un jurado de ciudadanos.

La Fiscalía había solicitado también el archivo, según la noticia; aun así, Peinado ha decidido mantener la vía del jurado. Es la constatación de que, en el cauce penal que sigue este procedimiento, el paso siguiente es que los hechos se sometan a la valoración de la sociedad, representada por quienes integran ese jurado.

En política, como en justicia, hay que aceptar la pregunta incómoda cuando aparece: ¿la instrucción cerrada y la ratificación judicial van a permitir que la ciudadanía conozca y valore? El traslado a jurado popular obliga a que los indicios se concreten y se defiendan ante la prueba y el escrutinio público. No hay atajos procesales que sustituyan esa respuesta.

Que la investigación afecte a la esposa del presidente no altera la naturaleza del proceso: es la ley y la práctica judicial la que determina el itinerario. El auto de Peinado lo confirma y lo remite a la evaluación de un jurado, con todas las consecuencias públicas y políticas que ello entraña.