El Govern de Illa camina sobre la cornisa: la enmienda de ERC pone a Cataluña en vilo
El bloqueo de los presupuestos reaviva el fantasma electoral y desnuda la fragilidad del acuerdo de investidura

Redacción · Más España


Hay momentos en la vida política en que la estabilidad se parece mucho a un equilibrio precario sobre un barranco: cualquier soplo —una enmienda a la totalidad, una negativa irrevocable— puede convertir la calma en precipicio.
Eso es exactamente lo que vive hoy el Govern de Salvador Illa. El president afronta, salvo un giro copernicano, la misma prueba que tumbó a su antecesor: un debate a la totalidad de las cuentas sin los votos necesarios. La enmienda presentada por ERC dibuja una amenaza clara: sin retirada, las cuentas peligran y vuelve a sobrevolar la posibilidad de elecciones anticipadas.
No es un pulso retórico: ERC reclama avances concretos en la cesión del IRPF, un punto incluido en los pactos de investidura y remitido también a la Comisión Bilateral. El PSOE y el Gobierno dijeron en su momento que el texto apela a cambios legislativos para que la Agencia Tributaria de Cataluña asuma progresivamente competencias de gestión en el IRPF. Pero la vicepresidenta María Jesús Montero ha repetido con nitidez que hoy existen “posiciones absolutamente encontradas” y que están lejos de un consenso; en Hacienda defienden solo fórmulas de colaboración, no la transferencia plena que reclama ERC.
La foto es, cuando menos, paradójica: ERC es socio de investidura de Illa y, a la vez, aliado parlamentario del PSOE. Ese doble papel se traduce ahora en un órdago que sacude la bandera de la estabilidad que pregona el Govern, y que además coincide con cuestionamientos sobre la gestión —por ejemplo, la crisis de Rodalies— que empañan el relato gubernamental.
Illa ha intentado bajar la tensión con promesas y con llamados a la paciencia, recordando proyectos como la ampliación del aeropuerto o la vuelta de empresas; ha reiterado su voluntad de honrar pactos. Junqueras, por su parte, ha devuelto el envite con firmeza: su partido no cederá por presiones. Y detrás de las palabras hay gestos y hechos: el bloqueo se fraguó en la reunión entre Sánchez y Junqueras del 20 de febrero, según consta, y Moncloa interpreta que ya se hicieron concesiones políticas sensibles, como el nuevo modelo de financiación.
El tablero político está además condicionado por personas y plazos. Illa gobierna con 42 diputados y necesita sumar a ERC (20) y a los Comuns (6) para alcanzar la mayoría absoluta de 68; pactó ya con los Comuns sobre una ley para frenar la compra especulativa de vivienda, pero no ha desatascado la relación con su socio mayor, ERC. Y la negociación se complica si se tiene en cuenta que Montero, clave en la postura del Ejecutivo, podría dejar el Gobierno para ir a la política andaluza, lo que abre la posibilidad de que cualquier cierre de acuerdo se haga con otra titular de Hacienda.
Las posiciones en La Moncloa y en Hacienda son claras: hay espacio para acuerdos si ERC abandona sus planteamientos de máximos; si no, la cesión total del IRPF se enfrenta a problemas técnicos, resistencias en la Agencia Tributaria y a un rechazo político explícito. Los puentes, no obstante, no están rotos: siguen las conversaciones sobre otros frentes y decretos para afrontar efectos de la guerra en Irán, pero en lo esencial —el IRPF— la distancia permanece.
Queda, pues, una cuenta atrás: el Govern aguarda hasta el día 19, la víspera del debate, con la esperanza de una retirada de la enmienda que daría más tiempo para negociar. Si no llega ese gesto, la pregunta es inapelable: ¿repetirá Illa la vía de Aragonès y anticipará comicios, o resistirá con la legislatura viva pero enmendada por la realidad de la negociación imposible? La respuesta determinará si Cataluña evita el precipicio o si, una vez más, la política se convierte en pulso y en riesgo.
No hay certezas, solo hechos: enmienda a la totalidad de ERC, exigencia de cesión del IRPF, rechazo técnico y político de Moncloa y Montero, pacto con los Comuns y la necesidad de sumar a ERC para aprobar las cuentas. Con ese inventario sobre la mesa, la responsabilidad es clara: decidir si se prioriza la estabilidad de la legislatura o se cede al dictado de una fractura que tiene, hoy, posibilidad real de abrir nuevas urnas.
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