El Gobierno blanquea su año negro del feminismo con un 'No a la guerra' de escaparate

El Ejecutivo recurre al manido y eficaz cartel del “No a la guerra” para intentar tapar lo que, por ahora, no logra enmendar: un año sombrío para el feminismo desde La Moncloa. No es mera retórica: la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha llamado a salir “el 8-M ... para defender la paz”. Esa invitación, legítima en sí, llega cuando el Gobierno carga con una letanía de escándalos sexuales, disfunciones en los sistemas de protección y leyes anunciadas que no avanzan.

No se trata de abstracciones. La credibilidad del espacio de la izquierda y, sobre todo, del propio Ejecutivo está en entredicho por casos concretos: la reactivación de la causa contra el exdiputado Íñigo Errejón tras una nueva denuncia, los episodios ligados a Tito Berni, los mensajes entre Ábalos y Koldo sobre prostitutas, y las denuncias contra cargos socialistas por todo el país. El caso de Paco Salazar —cuya denuncia por acoso no fue atendida hasta cinco meses después— es uno de los episodios que más ha erosionado el apoyo femenino, sobre todo cuando se supo que las denuncias llegaron a desaparecer del canal interno del partido.

Frente a ese paisaje, la respuesta del PSOE ha sido calificada por la propia crónica como tardía y, a veces, indulgente. El presidente Sánchez ha insistido en que la diferencia está en “cómo se responde cuando aparece” el problema, pero las respuestas oficiales conviven con fallos administrativos que no son menores: la ministra Redondo fue reprobada en el Congreso por los fallos en las pulseras antiagresores; el sistema volvió a fallar el 11 de noviembre de 2025 y la empresa adjudicataria, Vodafone, fue sancionada el pasado viernes con una multa de 25.000 euros. También se han detectado fallos en el Sistema Cometa, responsable de esos dispositivos.

Mientras tanto, la realidad más cruda golpea: en lo que va de 2026 se han contabilizado 10 mujeres asesinadas en el ámbito de la pareja o ex pareja y dos menores, cifra superior a las registradas hasta el 23 de febrero en 2023 (nueve víctimas), 2024 (cinco) y 2025 (tres). Esa escalada debería ser motivo suficiente para priorizar eficacia y consecuencias reales, no consignas que sirvan de parche comunicativo.

Hay también desgastes políticos medibles: las proyecciones de Sigma Dos para EL MUNDO señalaban en diciembre que el PSOE estaría perdiendo el voto de más de 162.000 mujeres, y que solo el 28% de sus votantes en el 23-J fueron mujeres frente al 23% que fueron hombres. Ese descoloque electoral no se explica por arte de magia: alimentan la desafección tanto los escándalos como la sensación de que las prioridades legislativas y la gestión no avanzan.

Y no avanzan varias iniciativas anunciadas como prioritarias. La ley contra la violencia vicaria aún debe pasar la segunda vuelta en el Consejo de Ministros. Propuestas como las leyes contra la trata y la abolición de la prostitución permanecen enquistadas y profundizan la división del movimiento feminista. En paralelo, el PSOE votó en contra de la prohibición del burka cuando la presentó Vox, para después abrirse a debatir la misma iniciativa si la presenta Junts. La ministra de Igualdad, por su parte, plantea exigir a las entidades solicitantes de subvenciones que reconozcan expresamente que la prostitución es “violencia contra las mujeres”, una condición que genera malestar entre las organizaciones.

Ese cóctel —escándalos, fallos operativos, leyes atascadas y fractura del movimiento— es el contexto en el que el Gobierno lanza hoy su consigna antibelicista. Es legítimo defender la paz, pero legítimo y urgente es también responder con eficacia a las víctimas, restaurar canales internos de denuncia, aprobar leyes y dar garantías reales. De lo contrario, la maniobra del 8-M no será una reparación sino un cosmético sobre una grieta que sigue abierta.