El Estado reclama el balón: la ley por encima de las vetos federativos

El deporte no es un capricho ni un privilegio: es instrumento de integración. El Consejo Superior de Deportes ha colocado una línea nítida en el campo jurídico: los menores migrantes tutelados con residencia legal en España deben poder recibir licencia federativa para jugar al fútbol. No es una concesión, sino el cumplimiento del ordenamiento jurídico que regula la protección del menor.

La resolución que respalda a un joven que reside en Canarias, y que el Consejo ha estimado en un recurso presentado por Extranjeristas en Red y Algeciras Acoge, marca una decisión clara: las federaciones pueden tener sus normas internas, pero su aplicación no puede contravenir la ley española. Así lo recuerda con precisión el CSD, que afirma que no cabe plantear un conflicto entre la normativa de la FIFA y el ordenamiento jurídico español.

Hablamos de decenas de chicos a los que, fin de semana tras fin de semana, se les niega saltar al césped mientras sus compañeros juegan. Hablamos de un efecto práctico de la Ley del Deporte aprobada en 2022 que, por su articulado, ha dejado fuera a menores que, por distintos motivos, no cuentan con permiso de residencia formal —salvo aquellos tutelados cuya situación pasa a ser legal—. Es la paradoja: el Estado tutela a quienes llegan solos y los convierte en sujetos con protección jurídica, y sin embargo parte de la normativa deportiva les cerraba la puerta.

A esa circunstancia se añadieron las nuevas exigencias de la FIFA que, en la práctica, restringían el acceso a la licencia incluso de menores tutelados salvo excepciones burocráticas como haber pedido asilo al llegar. Resultado: integración frustrada, oportunidades cercenadas y más distancia entre políticas públicas de inclusión y la realidad en los clubes.

El Consejo responde apelando al interés superior del menor y a la primacía del derecho español: cuando quede acreditada la residencia legal —mediante DNI, autorización de residencia o reconocimiento de la condición de refugiado—, la resolución se estimará a favor y la licencia deberá otorgarse. Es un mensaje rotundo: no se puede negar la práctica deportiva amparándose en normas propias si éstas chocan con la ley.

La Federación Española de Fútbol, consultada, ha optado por no recurrir la resolución del CSD y acepta que, si el Consejo estima la queja, otorgará la licencia. Una actuación de al menos pragmático sentido común que evita litigios innecesarios, pero que subraya una lección: las funciones delegadas a entidades privadas deben ejercerse dentro del marco jurídico nacional y con sensibilidad hacia políticas públicas de integración.

La decisión del Consejo no borra el problema de raíz: queda por delante la necesidad de ajustar normas, procedimientos y prácticas para que la promesa de integración que supone el deporte sea real para todos los menores que viven en España. Mientras tanto, la resolución coloca al Estado en el centro del terreno, reclamando que al niño migrante que vive y crece aquí se le devuelva lo elemental: jugar, aprender el idioma, convivir con sus compañeros y ser tratado conforme a derecho.