El error mortal: cuando ETA asesinó a un jubilado confundido con un policía

Hay crímenes que desnudan la mezquindad humana con una claridad tan brutal que la palabra «error» queda hecha jirones. El 2 de mayo de 1986, en la céntrica calle Moraza de San Sebastián, ETA ejecutó a un hombre de 71 años que, por una cadena de suposiciones y mala fe, fue tomado por otra persona: un antiguo policía. El disparo, certero y a corta distancia, permaneció como una verdad inapelable: la víctima era Enrique Moreno Arguilea, jubilado, afiliado al Partido Comunista de los Pueblos de España y vocal de la Asociación de Jubilados de Amara.

La mecánica del asesinato tiene la frialdad de una sentencia: los pistoleros conocían los hábitos de Moreno —su presencia por las tardes en el bar Esnaola, su costumbre de jugar a las cartas— y, en cuatro ocasiones, las circunstancias impidieron consumar el crimen. El 2 de mayo, no hubo tropiezos: un hombre baja del autobús, cruza la calle, y recibe una bala en la nuca. Cinco días después, la banda dictó telefónicamente a un diario su «dramático error». ¿Cómo calificar lo que es, en esencia, la ejecución de un inocente y la admisión tranquila de la equivocación por parte de los verdugos?

No hubo consuelo en la impunidad parcial: la Audiencia Nacional condenó en 1987 a varios miembros de ETA por asesinato cualificado y complicidad, imponiendo penas de prisión y una indemnización de 10 millones de pesetas para la viuda. Los condenados, sin embargo, fueron declarados insolventes y fue el Estado quien finalmente asumió la obligación económica. Uno de los hijos de Moreno viajó a Francia en busca de explicaciones y no obtuvo respuesta esclarecedora.

La vida de Enrique Moreno no se reduce a la trágica foto del final. Natural de Pamplona, residente en San Sebastián, había trabajado como dependiente, cobrador del tranvía y viajante de comercio; fue condenado a muerte por el franquismo por intentar pasar al Ejército Republicano y, según recuerda su familia, fue salvado de aquel fusilamiento por la mediación de unas monjas que hablaron con Franco. Todas esas piezas biográficas no neutralizan la violencia que se le infligió, antes al contrario: la presentan como la de un hombre común arrebatado por una banda que se jactaba de no equivocarse y que, cuando se equivocó, emitió un comunicado como quien admite una falta formal.

Esta es la lección que nos deja un episodio como este: el terrorismo no siempre persigue una «justicia» ni reconoce la dignidad humana. A veces arroja dianas sobre hombres que llevan una vida sencilla y les arranca la existencia con la banalidad de un error. El relato judicial y la memoria de la familia convergen en una realidad incómoda: la víctima era un jubilado que gozaba de una vida comunitaria en su barrio y que fue privado de ella por la violencia y la negligencia cruel de quienes decidieron matar.

Recordar casos como el de Enrique Moreno no es un acto de nostalgia ni de revanchismo; es una exigencia de verdad y dignidad. Nombrar a las víctimas, contar sus vidas más allá del titular, supone poner un contrapeso al silencio y al gesto desdeñoso con que algunos delitos políticos han sido tratados. Que la historia conserve el dato de la confesión telefónica de ETA y de la sentencia que llevó a prisión a sus responsables es imprescindible. No para cerrar heridas con palabras, sino para que la memoria sea un antídoto frente a la deshumanización que hace posible, una y otra vez, la barbarie.