El Ejecutivo blinda lo que está en disputa: la Constitución y el derecho de las mujeres

El Gobierno ha dado un paso decidido: ha remitido al Congreso el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para articular, en letra de ley fundamental, la garantía del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.

La iniciativa, pilotada por los ministerios de Igualdad, Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y Sanidad, llega cuando en varias comunidades —Extremadura, Aragón, Castilla y León— se negocian pactos entre el PP y Vox. Ese escenario explica la lectura política inmediata: la decisión del Ejecutivo se toma en un contexto donde el respaldo de los populares resulta decisivo para tramitar una reforma constitucional que exige mayorías cualificadas.

El Ejecutivo sostiene que lo que está en riesgo no es la libertad en abstracto, sino la dimensión prestacional: el acceso efectivo a las prestaciones y servicios necesarios para ejercer el derecho en la sanidad pública. Esa es la tesis expuesta por la ministra de Igualdad, que argumenta que la garantía práctica del derecho es la que requiere blindaje.

El PP, por su parte, expresó su oposición antes incluso de esta fase: ya en octubre alegó que el aborto «está permitido y regulado en España» y que existe una sentencia firme del Tribunal Constitucional que avala esa regulación. El Gobierno replica apelando a la jurisprudencia que conforma la protección de la libertad de decisión de la mujer —artículos 10.1 y 15— y a la obligación de los poderes públicos de garantizar su ejercicio en condiciones de igualdad real y efectiva.

El Consejo de Estado precedió a este envío con una advertencia: para convertir la interrupción voluntaria del embarazo en un derecho fundamental sería recomendable contemplarla en el artículo 15, lo que conllevaría la disolución de las Cortes. El Gobierno, sin embargo, ha optado por reforzar el artículo 43, referido a la protección de la salud, y por revisar el texto inicialmente presentado en octubre para dejarlo más claro en su redacción.

El texto definitivo que se propone consagra que «los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio». El Ejecutivo lo presenta como un blindaje del acceso en la sanidad pública, manteniendo el objetivo anunciado previamente.

A partir de ahora, el trámite seguirá el procedimiento previsto en el artículo 167 de la Constitución: la reforma exige la aprobación por mayoría de tres quintos en ambas Cámaras (210 votos en el Congreso), y si no hay acuerdo se abrirá la vía de la Comisión Mixta que propondrá un nuevo texto. De persistir el desacuerdo, cabrían otras mayorías reforzadas para su aprobación.

En el cruce político destaca otro hecho señalado por el Gobierno: episodios como el de Elche, donde PP y Vox pactaron derogar cualquier ley que permitiera el aborto, son presentados como prueba de la amenaza al acceso efectivo. Esa referencia subraya la urgencia del Ejecutivo para traducir en Constitución una protección que considera en riesgo.

No se introducen fechas ni cifras ajenas a lo publicado: lo cierto es que la reforma ya está en el laberinto parlamentario y que, por su propia naturaleza, exigirá acuerdos amplios o el choque de mayorías. El calendario político y las negociaciones territoriales marcan el trasfondo; la reforma, en cambio, pone sobre la mesa una pregunta ineludible: ¿se blindará el acceso efectivo al aborto en la sanidad pública mediante la Carta Magna, o se dejará su garantía a equilibrios y pactos políticos que hoy mismo están en discusión?