El Congreso refuerza la mano dura: tres años de cárcel por un móvil y el PSOE se suma al bloque de la derecha

El Pleno del Congreso ha cerrado una página legislativa con tinta firme: la Proposición de Ley Orgánica sobre multirreincidencia ha sido aprobada definitivamente. La norma endurece penas y amplía herramientas penales con un objetivo declarado —frenar la repetición delictiva— y con consecuencias claras sobre delitos cotidianos que afectan a la seguridad pública.

Entre las novedades más destacadas figura el salto punitivo para el robo de un teléfono móvil: la pena pasa a situarse entre uno y tres años de prisión. El criterio no es meramente económico —no atiende solo al valor del aparato— sino a la trascendencia social del dispositivo, por aquello que guarda de la intimidad de las personas. Así, un objeto pequeño se convierte, a ojos del Código Penal modificado, en ventana potencial a daños mayores.

La reforma también abre por primera vez la puerta a penas de prisión por hurtos reiterados: alcanza cuando el reo acumula ya tres condenas previas por hechos semejantes y el cuarto hurto activa la respuesta penal. Se endurecen además los hurtos de productos agrarios y ganaderos: cuando lo sustraído supere los 400 euros —o se trate de instrumentos del oficio—, la pena sube hasta los tres años de cárcel. Pretende cerrarse, de este modo, un circuito de impunidad que, según el debate parlamentario, venían aprovechando quienes reinciden.

El paquete incorpora herramientas procesales: los jueces podrán imponer órdenes de alejamiento mientras esperan la sentencia, para impedir que delincuentes en trámite de condena sigan transitando por zonas concretas y cometiendo hechos. En lo relativo a drogas, la ley crea un subtipo de defraudación de fluido eléctrico para castigar con más dureza cultivos de marihuana en domicilios o naves, y refuerza la persecución de la acumulación de bidones de combustible vinculada al suministro de narcolanchas, conocido coloquialmente como "petaqueo".

Pero la dimensión jurídica de la reforma no se ha desplegado sin ruido político. Junts presentó la iniciativa y logró algo más que la aprobación de una norma: arrastró al PSOE a votar junto a las fuerzas de la derecha —PP, Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria—, en un bloque inusual que fracturó al espacio de la izquierda parlamentaria. Sumar, EH Bildu y Podemos, entre otros, se opusieron; ERC optó por la abstención, por la presión de sus alcaldes que pedían no bloquear una ley que, dijeron, es urgente en muchos municipios.

El movimiento socialista fue presentado en el hemiciclo como fruto de la presión de Junts y de exigencias vinculadas a la relación con Carles Puigdemont; el resultado fue que el PSOE desató un terremoto político interno y, sobre todo, forjó una alianza circunstancial con la derecha para sacar adelante la reforma. La escena deja, sin duda, lecciones sobre la sofrología de los acuerdos y la fragilidad de los bloques ideológicos.

La votación final llegó además con otra polémica: el Gobierno vetó dos enmiendas aprobadas en el Senado —una sobre controles de antecedentes de migrantes que pidan regularización y otra para ampliar la plantilla de fiscales— y justificó su bloqueo por el aumento del gasto presupuestario. El PP anunció que llevará ese veto al Tribunal Constitucional, acusando al Ejecutivo de "amordazar" al Congreso y de una extralimitación que exhibe, dijeron, tendencias autoritarias. El veto avivó, en suma, el choque entre izquierda y derecha sobre criminalidad e inmigración que acompañó toda la tramitación.

La jornada terminó con intercambios agrios entre los grupos. Junts se enfrentó a ERC por unas palabras de Gabriel Rufián que denunciaban un "tufo racista" en la reforma; la réplica neoconvergente fue inmediata. ERC se esforzó en matizar y en recordar las demandas municipales que pesaron en su decisión. En el fondo, lo que se aprobó no es solo una reforma penal: es un retrato de cómo se articularon presiones territoriales, acuerdos tácticos y vetos ejecutivos para producir una ley que toca aspectos sensibles de la convivencia.

Queda, por tanto, una doble reflexión: la jurídica, sobre el alcance y la eficacia de endurecer penas frente a la multirreincidencia; y la política, sobre las alianzas que nacen y se disuelven en torno a esa misma política penal. El Congreso ha elevado la respuesta del Estado ante determinados delitos. También ha mostrado el estado de las correlaciones de fuerzas en el Parlamento: cuando las exigencias territoriales, las estrategias de partido y los vetos ejecutivos se entrelazan, la ley que emerge es tanto resultado de ordenamiento jurídico como de equilibrio político.