El CGPJ se sube el sueldo: ¿privilegios a la carta en la cúpula judicial?

El pasado 24 de septiembre, en sesión plenaria, el Consejo General del Poder Judicial aprobó una subida salarial que afecta a sus vocales y a la presidenta del órgano. Se trata de la adecuación del complemento de antigüedad previsto en el artículo 22.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, norma que está vigente y que sirve de base a la decisión.

El aumento no es idéntico para todos. Los miembros que no son funcionarios verán reconocido un complemento de antigüedad de 10.000 euros anuales, lo que equivale a un incremento de 835 euros mensuales. Para los funcionarios, la mejora se articula mediante una subida de 62,8 euros mensuales por cada trienio. Los que acumulan más antigüedad serán, por tanto, los que mayor efecto experimenten.

El acuerdo salió adelante en la Comisión de Asuntos Económicos y fue refrendado en el Pleno con 18 votos a favor y tres votos en blanco: las vocales Inés Herreros y Esther Erice y la propia presidenta, Isabel Perelló. Perelló explicó su voto en blanco alegando que no se oponía al respaldo mayoritario, aunque opinó que no era un asunto prioritario.

Fuentes del Consejo han precisado que no se emitió nota de prensa al adoptarse la medida, si bien el acuerdo fue publicado en el Portal de Transparencia. Además, subrayan que la subida no tiene carácter retroactivo y que no ha supuesto incremento presupuestario, pues se ejecutó mediante una redistribución interna del gasto.

La adecuación afecta, además del propio CGPJ, a altos cargos del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, conforme a lo previsto en la Ley de Presupuestos de 2022. La información sobre los importes fue adelantada por la cadena SER y confirmada por la agencia EFE en fuentes jurídicas, y recoge El Mundo en su cobertura del 30 de marzo de 2026.

Son hechos claros: decisión adoptada en pleno, cuantías diferenciadas entre funcionarios y no funcionarios, publicación en el Portal de Transparencia, ausencia de nota de prensa, carácter no retroactivo y ejecución sin incremento global del presupuesto. Esos hechos se imponen por sí mismos; corresponde al debate público valorar su oportunidad y su mensaje a la ciudadanía.