El caso del 'hermanísimo': indicios que exigen respuestas, no eufemismos

La vista oral contra David Sánchez Pérez‑Casteján, hermano del presidente del Gobierno, ha dejado sobre la mesa más que sospechas: un rastro documental que el tribunal y las partes han tenido que ponderar durante el juicio en Badajoz.

No se trata de folclore político sino de acusaciones concretas y medidas procesales: la Fiscalía solicita seis años de cárcel para el músico por tres delitos de prevaricación y tráfico de influencias (con la salvedad de Manos Limpias que propuso la mitad) y cuatro años para Miguel Ángel Gallardo. Son peticiones que descansan, en buena medida, sobre pruebas materiales y cronologías que merecen ser leídas sin paliativos.

El relato procesal exhibe una concatenación de hechos que interpela a cualquier ciudadano que reclama igualdad de trato en la Administración. Una plaza creada en 2016 que aparece congelada meses antes de salir a concurso en mayo de 2017; un plazo que coincide con el desarrollo de la campaña de primarias del PSOE; una convocatoria publicada en el boletín provincial cuyo propio asunto de correo entre directores bautiza, con crudeza, al proceso: “el hermanísimo”. Esa palabra no es metáfora: figura en comunicaciones situadas en la carpeta del procedimiento.

Hay además testimonios que no deben soslayarse. Una aspirante, Cristina de Frutos, denunció ante la Fiscalía —sin que el Ministerio Público llegara a abrir investigación— que el director del Conservatorio de Plasencia la desaconsejó presentarse porque la plaza "estaba dada de antemano" al hermano del presidente, llegando incluso a enviarle una foto. En el tribunal constan actas que se alternaron: un primer acta que declaró “no aptos” a todos salvo al ganador y otra, días después, con seis “aptos”, manteniendo sin embargo al mismo beneficiario con 95 puntos sobre 100. Las variaciones en las actas son elementos que justifican escrutinio, no benevolencia.

Los correos y la administración completan la estampa: informes de Recursos Humanos advirtiendo sobre la incompatibilidad de la dedicación con otras labores; mensajes reenviados por el investigado al correo pedrosanchez1212@gmail.com, con la curiosa anotación "papa*" junto a la dirección; comunicaciones a la cuenta de su cuñada; una estancia laboral que se transforma en jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin que la nueva plaza saliera a concurso; y la imputación, por parte de la juez instructora, de que la Diputación pudo "dar cobertura de legalidad a la satisfacción de sus preferencias personales". Son palabras de la investigación, no de la tribuna.

También constan hechos personales que forman parte del puzzle probatorio: una búsqueda de alojamiento en Badajoz registrada en Airbnb, una excedencia para viajar a Bangkok entre 2020 y 2021, y la adquisición de una vivienda en Elvas con 240.000 euros transferidos por su padre, según los documentos que obran en la causa. Hechos que, junto a la contratación a dedo denunciada por la instrucción, crean un panorama que exige explicación y que la ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión.

La justicia, sin embargo, tendrá el tiempo —y la carga de trabajo— como elemento condicionante: la Audiencia de Badajoz ya anunció que no dictará sentencia hasta finales de julio o incluso en septiembre. Nada que ganar con la precipitación; todo que ganar con el rigor. Pero quede claro: la espera no debe convertirse en coartada para la indiferencia política ni para la relativización de indicios.

El debate no es meramente partidista. Cuando las plazas públicas, los procedimientos selectivos y las actas de valoración sufren variaciones inexplicadas, cuando los correos contienen apelativos que sugieren trato privilegiado, y cuando las propias oficinas de Recursos Humanos advierten sobre incompatibilidades, la democracia se llama a examen. La obligación de las instituciones y de los responsables políticos consiste en permitir que la investigación complete su curso y que la sentencia, cuando llegue, se pronuncie sobre hechos concretos y probados.

No es tiempo de eufemismos ni de descalificaciones automáticas: es tiempo de transparencia probatoria. Que la ley actúe, que el tribunal decida y que la verdad se imponga, con la serenidad que exige cualquier Estado de Derecho. Mientras tanto, la ciudadanía exige respuestas que estén a la altura de la dignidad de lo público.