El 'caso Begoña' se encamina al jurado: justicia, indicios y calendario

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido dar un paso nítido y procesalmente relevante: unificar las dos ramas de la investigación a Begoña Gómez y tramitar el conjunto por el procedimiento del jurado. No hay herejía en la descripción: lo expuesto en su resolución es una consecuencia directa de que dos de los cinco delitos que se investigan —malversación y tráfico de influencias— deben enjuiciarse por esa vía.

Esta decisión llega después de que la Audiencia de Madrid revocara el primer intento del magistrado, reprochándole que no había justificado suficientemente la elección del jurado. Peinado vuelve sobre la misma decisión, pero ahora argumentándola con mayor amplitud y acumulando la pieza separada que indagaba la posible malversación vinculada a la presencia continuada de la asesora de La Moncloa, Cristina Álvarez, en actividades relacionadas con la cátedra de la esposa del presidente.

El núcleo de la acusación, tal y como lo relata el instructor, reúne hechos que la Audiencia volverá a examinar si se presentan los recursos que el auto invita a prever. El relato incluye el matrimonio civil entre Begoña Gómez y Pedro Sánchez (27 de julio de 2006), el ascenso de Sánchez al liderazgo del PSOE y su llegada a la Presidencia del Gobierno en junio de 2028, y un punto que el propio juez califica como "verdaderamente trascendental": un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Gómez tras la investidura.

De ese cambio surgiría la dirección de una nueva cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid, lograda tras reuniones en La Moncloa con el rector, y la colaboración de Juan Carlos Barrabás "para la creación, financiación, desarrollo y consolidación" de la cátedra. El juez describe una correlación entre los proyectos profesionales impulsados por Gómez y adjudicaciones públicas en favor de empresas vinculadas al entorno empresarial de Barrabás, incluidas adjudicaciones de Red.es en las que la esposa del presidente remitió cartas de recomendación.

En su exposición, Peinado alude a "irregularidades relevantes" detectadas en esos contratos y a una financiación de la cátedra articulada mediante aportaciones de empresas que mantienen vínculos con la Administración General del Estado y otras instituciones oficiales. El auto también detalla la ayuda de empresas en la construcción de un software para la cátedra y las dudas indiciarias sobre la apropiación de ese software por parte de Gómez, que, según el instructor, debía ser de propiedad pública.

La imputación por malversación se vincula, en buena medida, a la actuación de Cristina Álvarez, cuya presencia en el proyecto —reuniones, interlocución con empresas y seguimiento técnico— aparece, a efectos indiciarios, como la de quien ejercía funciones en el equipo de la cátedra pese a ser personal eventual de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.

El auto no es todavía el pronunciamiento definitivo que ponga fin a la investigación y remita formalmente la causa a juicio, pero su contenido apunta con firmeza en esa dirección. Peinado convoca a los tres investigados, a la Fiscalía y a las acusaciones para el 1 de abril a las 12:00 horas, acto en el que se precisarán las imputaciones que las acusaciones populares quieran sostener en el trámite con jurado.

La Audiencia de Madrid ya advirtió que, tras más de año y medio de instrucción, la decisión de optar por el jurado debía estar particularmente sólida; el juez, en respuesta, ha ampliado su fundamentación y ha presentado un balance de indicios que será ahora objeto de nuevo examen judicial. De lo registrado en el auto se desprende un tejido de vinculaciones profesionales, empresariales y administrativas que el procedimiento con jurado deberá confrontar y dilucidar con las garantías procesales correspondientes.