El calvario judicial del Gobierno: un juicio que no es el fin sino el inicio

La sentencia que el Tribunal Supremo empezará a deliberar esta semana no clausura un asunto: lo multiplica. Lo que hemos visto en la vista oral —comisiones presuntamente ilegales, enchufes, acusaciones que salpican a dirigentes y redes de apoyo— no es un capítulo aislado sino la antesala de nuevas estaciones judiciales que se acumulan sobre el Gobierno y su partido.

Que Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, siga en prisión preventiva y vuelva a ser citado en la Audiencia Nacional es una prueba palmaria de que la maquinaria judicial no ha acabado su trabajo; es más, está desplegando nuevas piezas. El auto que mantiene la medida cautelar razonó, con la prudencia y la literalidad que exige la ley, que no ha cambiado la circunstancia del riesgo de fuga y que la deliberación en el Supremo está en su inicio.

La comparecencia, aplazada, del empresario Víctor de Aldama por las gestiones para la compra de mascarillas a favor del Gobierno de las Islas Baleares conduce a una misma conclusión: las pesquisas que afloraron en el Alto Tribunal tienen conexiones que la Audiencia Nacional considera relevantes para otras causas, incluida la indagación por presunta financiación irregular del PSOE.

No son intuiciones sino peticiones formales del fiscal jefe de Anticorrupción. Alejandro Luzón ha sostenido en su informe que la organización presuntamente juzgada en el Supremo contaba con personas que orbitaban alrededor de sus miembros y que hubo apoyos puntuales o continuos desde el Ministerio de Transportes. Esos vínculos, a juicio del Ministerio Público, trascienden a otras investigaciones en marcha.

La petición de que las declaraciones sobre las mascarillas se unan a la causa por la financiación en la Audiencia Nacional ha sido admitida por el juez Ismael Moreno. No es un mero trámite: supone que testimonios nuevos, según la Fiscalía, contienen datos "no conocidos hasta ahora" y de "interés" para el esclarecimiento de hechos relativos al uso de dinero en efectivo en Ferraz.

Mientras tanto, otras diligencias siguen su curso: atestados pendientes de la UCO que podrían llevar a la imputación de constructoras como personas jurídicas —entre ellas Acciona, según fuentes del caso— y testificales por practicar que amplían los focos de investigación sobre presuntos blanqueos ligados a la trama.

Y aún hay más calendario judicial: el 28 de mayo arranca en Badajoz el juicio contra David Sánchez Pérez‑Castejón, hermano del presidente del Gobierno, por delitos que incluyen prevaricación y tráfico de influencias, con peticiones de condena concretas y responsabilidades civiles reclamadas por las acusaciones populares. Junto a él, serán juzgados otros ex cargos socialistas.

La peregrinación judicial que hoy sufren los socialistas no es un fenómeno episódico sino una concatenación de actuaciones que exigirá respuestas claras y transparencia. La ciudadanía merece que los hechos se aclaren en los tribunales y que las responsabilidades, si proceden, se asuman con la misma firmeza con que se piden cuentas a los demás. Habrá que ver si la reacción política está a la altura de esa exigencia y si el PSOE y el Ejecutivo escogen la rendición de cuentas en lugar de la resistencia a toda costa.