El boicot de las CCAA del PP deja a la infancia sin debate y al Gobierno en pie de ley

La escena fue tan nítida como inquietante: una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para abordar las plazas de acogimiento de menores extranjeros no acompañados que no pudo siquiera iniciarse por falta de quórum. Todas las comunidades gobernadas por el PP, salvo la ciudad autónoma de Ceuta —presente telemáticamente— decidieron no acudir presencialmente. Solo Castilla-La Mancha, del PSOE, y el Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y PP) estuvieron en la sala. Cataluña, País Vasco, Navarra y Asturias se mantuvieron conectadas en línea.

No es un simple gesto administrativo: la ausencia colectiva impidió que se avanzara sobre un Real Decreto que fija para este año el número de plazas de acogimiento, ni permitió presentar el informe sobre la violencia ejercida contra menores ni evaluar la implantación del modelo Barnahaus. Fuentes del Ministerio de Infancia confirmaron que, al no existir quórum suficiente, la reunión no pudo iniciarse. La ministra Sira Rego salió de la tentativa de encuentro con una denuncia explícita: el Partido Popular, dijo, está “abrazado a VOX”, boicoteando políticas de infancia y acogiendo “tesis racistas y de posicionamiento en contra de los derechos de la infancia de nuestro país”.

Rego señaló además al gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, como responsable de una dinámica de recursos judiciales que, en su versión, han ido impidiendo el normal desarrollo del diálogo autonómico: una estrategia de impugnaciones sistemáticas que, según la ministra, ha terminado por frustrar la celebración de la Conferencia. La ministra, con razón pública y tono categórico, proclamó su “profunda indignación” ante lo que calificó de bloqueo procedimental.

Ante la ausencia institucional, la Consejería de Madrid defendió su decisión a través de la consejera Ana Dávila, quien afirmó por vídeo que la convocatoria era “ilegal” y que el orden del día había sido rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades. Desde la Comunidad de Madrid se sostuvo que no acudirían a una reunión que tendría un carácter, dijeron, de reparto forzoso de menores. Canarias, por su parte, calificó el episodio como un “deja vu” de julio pasado y advirtió de la necesidad de que el Estado siga emitiendo reales decretos para responder a la contingencia migratoria.

A nivel formal, la ministra aclaró que la falta de celebración de la Conferencia no paraliza el procedimiento: las comunidades se dan por informadas y el Gobierno podrá continuar la tramitación del Real Decreto. Rego defendió la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería como un “caso exitoso” de política migratoria centrada en las personas y aseguró que se han tramitado 1.700 expedientes “de manera exitosa”, con acogida y acompañamiento de los niños y niñas llegados a España sin incidentes, en lo que respecta a la gestión que el Ejecutivo puede confirmar. Asimismo, insistió en que la Ley “se va a cumplir” y que el Real Decreto llegará de manera inminente al Consejo de Ministros para proseguir su aplicación.

El episodio abre, inevitablemente, una grieta política sobre la gestión de la infancia más vulnerable: por un lado, el Ejecutivo central que defiende la intervención normativa y la continuidad de la tramitación administrativa; por otro, gobiernos autonómicos que cuestionan la legalidad de la convocatoria y rechazan la dinámica de reparto. La ausencia masiva de las CCAA del PP no solo impidió el examen técnico de plazas y protocolos, sino que elevó la disputa a un plano de confrontación política y moral. Queda, por tanto, la pregunta que late tras la desconvocatoria: ¿se está sacrificando el diálogo y la coordinación por el cálculo político, cuando la materia en juego son menores en situación de vulnerabilidad?

Los hechos registrados hoy son claros y deben leerse sin eufemismos: una reunión clave para la infancia no se celebró por falta de quórum; la ministra denuncia un boicot político y acusa a los populares de abrazar tesis racistas; la Comunidad de Madrid alega ilegalidad en la convocatoria; y el Gobierno central mantiene que seguirá adelante con la tramitación. Sobre esa base factual se juegan ahora la responsabilidad política y la garantía de derechos de los menores que dependen de las plazas de acogida que se pretendían revisar.