El aval reglamentario que el Gobierno exhibe como victoria

El Consejo de Estado ha hablado y el Gobierno lo celebra como autorización para culminar una regularización extraordinaria que, hasta hoy, amagaba con quedar en manos de la letra menuda. El órgano consultivo ha emitido este viernes un dictamen sobre el Real Decreto y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura que incorporará las recomendaciones para llevar el texto definitivo al Consejo de Ministros “lo antes posible”. ¿Qué significa, en términos claros, este pronunciamiento? Significa que el trámite reglamentario cuenta con el respaldo técnico que el Ejecutivo necesitaba para acelerar el procedimiento.

El dictamen, aún no publicado por el propio Consejo de Estado, pone de relieve que en el desarrollo reglamentario “se han respetado todas las garantías para concluir con éxito un procedimiento de esta índole”, según fuentes ministeriales. No es una loa incondicional: es una constatación de que, a juicio del órgano consultivo, el Real Decreto encaja como norma en el marco constitucional y reúne salvaguardas procesales que justifican su vía reglamentaria.

El Ministerio subraya además que el texto del dictamen “valora positivamente los objetivos generales de la regularización”, en concreto la integración social, la seguridad jurídica y la reducción de la irregularidad administrativa. Es decir: el propósito declarado —ordenar la situación de personas en irregularidad y aportar certidumbre legal— recibe una evaluación favorable desde la instancia consultiva.

Entre las puntualizaciones relevantes figura la aclaración sobre el asilo. El Consejo de Estado señala que no es compatible ser beneficiario de un permiso por Protección Internacional y, a la vez, de uno resultante de la regularización. Por tanto, el permiso de protección internacional permanecerá vigente hasta la resolución definitiva y positiva del permiso de residencia y trabajo, y hasta la petición de la TIE. Se cierra así una laguna que el primer borrador dejaba en el aire: no dos permisos superpuestos, sino una prelación clara.

Otra recomendación destacada pide definir con precisión el concepto de vulnerabilidad: se entiende por vulnerable a la persona que hubiera llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que lleve cinco meses en situación irregular al presentar la solicitud. Es una concreción temporal y sustantiva que busca homogeneizar criterios de aplicación; no es una invención ministerial, es lo que recoge el dictamen según las fuentes.

El dictamen también refuerza un requisito ineludible: carecer de antecedentes penales. Esa condición aparece señalada como elemento constante del proceso, no como perífrasis negociable. Y, en cuanto a colectivos específicos, el dictamen destaca positivamente que los desplazados por la guerra de Ucrania no tengan que acogerse a este trámite al disponer de un cauce distinto y específico para ellos.

La exvicepresidenta Carmen Calvo adelantó la remisión del documento y apuntó la existencia de “observaciones”; el Gobierno, por su parte, interpreta que las recomendaciones del Consejo de Estado “caminan en la misma línea del texto original” y que ayudan a clarificar y mejorar la comprensión y aplicabilidad del Real Decreto. Queda por ver ahora el calendario concreto y la publicación del propio dictamen, pero el Ejecutivo se apresura a convertir este respaldo técnico en el impulso final para llevar la norma ante el Consejo de Ministros con la urgencia que proclama.