El aval judicial obliga a pasar de palabras a obras en el Júcar‑Vinalopó

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que avala el trasvase Júcar‑Vinalopó no es un gesto menor: es la confirmación jurídica de una herramienta que estos meses ha permitido recuperar acuíferos y dar seguridad hídrica a usos esenciales en la provincia de Alicante.

Ese respaldo judicial, valorado positivamente por la Comisión Provincial del Agua de la Diputación de Alicante, habilita la continuidad del convenio de 2023 entre regantes, la Confederación Hidrográfica del Júcar y Acuamed, así como la adenda que regula la llegada de recursos. Pero, como advirtió el presidente provincial Toni Pérez, la legalidad sola no basta: la eficacia exige inversiones e infraestructuras pendientes que materialicen la ventaja que ha devuelto el trasvase.

Entre las prioridades señaladas figura la reparación del embalse de San Diego y la implantación de sistemas de bombeo solar que aporten estabilidad operativa, eficiencia energética y sostenibilidad económica a largo plazo. No son meras ocurrencias: son condiciones técnicas para que el modelo de incorporación de recursos funcione con solvencia.

La reunión dejó, asimismo, otras señales de interés público: la presentación del Corredor Verde del Montnegre —un proyecto impulsado por la Diputación y sumado ahora por la Generalitat— que, con una inversión prevista de 3,5 millones de euros, adecuará 22 kilómetros de cauce entre Tibi y El Campello y creará espacios de laminación para reducir el riesgo de inundaciones. Proyecto social y preventivo, que exige coordinación y apoyo institucional.

Resulta llamativa la ausencia, sin justificación previa, de los representantes del PSOE y de Compromís en la comisión. Toni Pérez lamentó esa falta y reclamó consenso provincial sobre el agua: inversión, reivindicación y mantenimiento de infraestructuras deben quedar por encima de posicionamientos partidistas. Hablamos del presente y del futuro de los alicantinos; nadie puede ponerse de perfil, reclamó la institución.

También se informó sobre el estado del proyecto Vertido Cero de Alicante, condicionado por la pérdida de financiación procedente de los fondos Next Generation. La Diputación advierte de la necesidad de un sistema de financiación estable y de procedimientos administrativos ágiles, así como de mayor coordinación interinstitucional para no malograr una inversión estratégica que reduciría vertidos al mar y aumentaría recursos de alta calidad.

Finalmente, la Comisión abordó la situación del trasvase Tajo‑Segura. Toni Pérez alertó del riesgo de un “apagón hídrico” en la cuenca del Segura si se completa la implantación de mayores caudales ecológicos y se reduce la extracción subterránea: un déficit estimado de 213 hm3 que comprometería usos agrícolas y parte del equilibrio hídrico general. Por eso la Diputación y la Generalitat preparan alegaciones conjuntas al Esquema Provisional de Temas Importantes para la planificación hidrológica 2028‑2033.

La lección es clara: el aval judicial abre el camino, pero la seguridad hídrica exige que lo jurídico se traduzca en actuaciones técnicas, financiación estable y acuerdo entre instituciones. Quedarse en proclamaciones o en ausencias políticas sería renunciar a la defensa de los intereses hídricos de la provincia.