El 15‑M: la indignación que cambió de bando y no cumplió su promesa

Hubo un mayo que llegó como un fulminante despertador para la España quieta de la Transición. El 15‑M, nacido aquel San Isidro de 2011 en la Puerta del Sol, no fue una mera manifestación: fue un estallido transversal contra la corrupción, los abusos bancarios y los desahucios. Semanas de acampada, lemas que se clavaron en la memoria colectiva —"Casas sin gente, gente sin casa"— y una movilización que llegó a sumar hasta un millón de personas en todo el país.

Aquel estallido alumbró plataformas cívicas, politólogos convertidos en divulgadores, tertulias que suplieron al Parlamento y redes sociales entronizadas como megáfono. Vincent Bevins lo retrata como el fracaso del último intento de revolución pendiente: insurrección pacífica que encendió expectativas y no siempre cosechó cambios proporcionales.

La materia más tangible del malestar sigue ahí y ha empeorado. Desde entonces el precio de la vivienda se ha incrementado un 35%, el alquiler se come más del 50% del sueldo medio y una habitación en Madrid ronda los 850 euros. Los activistas que clamaban por la vivienda digna ocuparon espacios institucionales —Ada Colau en la Alcaldía de Barcelona, entre otros— y, sin embargo, la situación habitacional no solo no mejoró sino que se agravó.

Políticamente, el terremoto del 15‑M abrió paso a nuevas fuerzas: Podemos y Ciudadanos emergieron con fuerza y en 2015 lograron, sumadas, casi diez millones de votos en las generales de diciembre. Prometieron regeneración y nueva política. Diez años después, ese impulso se ha desinflado: Ciudadanos prácticamente ha desaparecido y Podemos ha quedado reducido, según la crónica de los hechos.

Algunos de los que vivieron la acampada sostienen que el espíritu del 15‑M murió cuando fue asumido por formaciones electorales. No es una opinión menor: representa la frustración de quienes vieron cómo lo colectivo y horizontal fue transformado en partido y siglas. Y, al mismo tiempo, refleja el divorcio entre reivindicaciones de la calle y resultados tangibles en las instituciones.

No cabe aquí romantizar los procesos ni negar la pluralidad de los logros parciales; hubo canales de participación que permanecen y responsables públicos formados por aquel pulso cívico. Pero los hechos son implacables: los problemas que encendieron la indignación —vivienda inaccesible, desahucios, precariedad— persisten y, en indicadores concretos, se han agravado. La pregunta que nos dejó el 15‑M sigue abierta y exige respuesta: ¿para qué sirvió la indignación si sus banderas siguen ondeando sobre la misma penuria?

Quince años después, la indignación ha cambiado de bando: ya no solo apunta a los viejos señores del bipartidismo sino también a quienes prometieron otra política y acabaron convertidos en actores del sistema. Esa constatación no es una sentencia moral gratuita; es el dato duro que obliga a la política a responder con medidas eficaces, no con retórica. Porque mantener la memoria del 15‑M exige algo más que nostalgia: exige cumplir sus reivindicaciones, volver a poner los intereses de las familias y la vivienda digna por delante de la mercantilización que hoy las asfixia.