Dionisio: el recuerdo que el independentismo prefirió olvidar

Hay fechas que el poder público, la propaganda y la modulación del relato se encargan de difuminar. El 7 de marzo de 1971 no fue una de esas fechas para la familia Medina Zuheros: fue el día en que Dionisio, guardia civil de 35 años, dejó de regresar a casa. Fue también, según la documentación rescatada, la primera víctima mortal de terrorismo en Cataluña, y la primera víctima andaluza por aquel terrorismo.

La escena descrita por su hija Loli —una mujer que a sus cuatro años escuchó a un capitán decirle a su madre: “Su marido ha muerto”— no admite florituras. Dionisio volvía de un turno en la estación de mercancías de La Sagrera. Iba a estrenar un piso en la casa cuartel que su familia acababa de recibir. En la ventana de la Agencia de Recaudación de la Diputación Provincial de Barcelona alguien había colocado un artefacto: dos kilos de TNT, según las diligencias y la reconstrucción histórica.

El autor del atentado fue el Front d'Alliberament Català (FAC), organización independentista que en los estertores del franquismo practicó la lucha armada y firmó cerca de un centenar de sabotajes. Sus acciones alcanzaron medios de comunicación, sedes sindicales, juzgados, cuarteles y oficinas fiscales. De aquella cadena de atentados, la primera y única muerte fue la de Dionisio.

La brutalidad del hecho está documentada sin eufemismos: la onda expansiva lanzó a Dionisio contra la pared de enfrente, el informe forense constata la identificación solo posible por su documentación y el cuerpo quedó irreconocible. Que los terroristas celebraran por la radio, unas horas después, no haber alcanzado a unos niños que habían pasado por la zona no mitiga la gravedad del crimen: sea intencional o no, una vida fue arrebatada.

Ni homenajes ni reconocimiento institucional destacado acompañaron su memoria. Su nombre aparece en páginas de investigación y en el libro de Blai Manté que reconstruye la actividad del FAC, pero no en la liturgia pública que marca la memoria colectiva. La familia volvió a La Ríbita, a los olivos de Jaén, años después, buscando sosiego; el país siguió adelante sin hacerle un lugar digno en el recuerdo de las víctimas.

Reivindicar a Dionisio no es politizar la muerte: es llamar por su nombre a una víctima. Es recordar que la historia de la violencia tiene rostros y apellidos y que, cuando se trata de terrorismo, la contabilidad de atentados no borra el drama humano. Recordarlo implica también llamar a la coherencia moral: al condenar la violencia como instrumento político, no valen selectividades ni silencios convenientes.

Que un hecho tan documentado —fecha, autoría reconocida en las investigaciones del FAC, gravedad del artefacto empleado, testimonio directo de la hija y reconstrucción forense— quede diluido en el olvido obliga a preguntarse por qué determinadas narrativas históricas acaban privilegiando unas víctimas y ocultando otras. La memoria democrática exige, por lo menos, nombrarlas a todas.

Hoy, al cumplirse 55 años, la apelación de Loli Medina Zuheros no pide revancha: pide recuerdo. Y recordarle, con honestidad y sin dobleces, es responsabilidad de una sociedad que pretende ser justa con las víctimas y clara con su pasado.