Diez años que convierten a la Justicia en cómplice

La Audiencia Nacional ha decidido librar a Jordi Pujol del juicio por la fortuna oculta del clan en Andorra. Es un hecho que no admite adorno: una causa que arranca de la confesión pública de 2014 llega, más de una década después, debilitada hasta el punto de no poder cumplir su función esencial de rendición de cuentas.

No hablamos de simples demoras técnicas. La noticia subraya un fallo estructural del Estado en el que, según el propio análisis periodístico, los intereses políticos del PSOE y del PP han resultado decisivos para entender la impunidad del expresidente de la Generalitat. Esa omisión compartida por gobiernos sucesivos no es una excusa: es la explicación política de por qué un caso de tal magnitud permaneció más de diez años en instrucción en la Audiencia Nacional.

El relato oficial sobre la complejidad de la macrocausa —ramificaciones internacionales, entramado familiar y sociedades opacas— no basta para explicar por qué nadie impulsó una reforma decidida que evitara la dilación. España acumula grandes procesos por corrupción que se prolongan durante una década o más, y ni el PSOE ni el PP abordaron reformas estructurales para impedir que la justicia llegue tarde en los asuntos más sensibles.

Peor aún: Jordi Pujol fue durante décadas una pieza clave en la estabilidad política española. Su peso institucional y su papel en mayorías parlamentarias condicionaron la gestión del caso. En ese contexto, ningún Gobierno tuvo incentivos reales para acelerar un procedimiento que afectaba a uno de los pilares del sistema político de las últimas décadas. Así lo resume, en la pieza informativa, la mezcla de “inercia judicial y prudencia política” que permitió que el tiempo hiciera su trabajo de desactivación.

El horizonte práctico de esa demora es evidente y dañino: testimonios que pierden fuerza, pruebas que se debilitan y responsabilidades que se difuminan. El efecto más pernicioso es, según las fuentes consultadas, el perceptivo: la sensación de que cuando el poder está implicado el sistema no responde con la misma celeridad. Cuando la responsabilidad se disuelve en la espera, la impunidad se construye con la inacción.

La reacción política no fue homogénea. El ministro Salvador Illa celebró que la Justicia "haya actuado con sensatez y sentido de la humanidad", valoración que, según la crónica, se produjo a costa de debilitar la lucha del sistema contra la corrupción. Y no puede obviarse otro dato señalado por el reportaje: la “policía patriótica” de la etapa del Gobierno Rajoy orientó esfuerzos contra el independentismo por interés partidista, y no primordialmente por preocupaciones sobre la soberanía nacional.

El resultado es que el caso Pujol corre el riesgo de convertirse en un ejercicio arqueológico: imprescindible desde la perspectiva jurídica, pero con capacidad limitada para alterar la realidad política ya transformada. La confesión de 2014 produjo entonces un terremoto; hoy ese impacto ha sido absorbido, los actores han cambiado y el juicio llega cuando el daño político ya se ha minimizado y gestionado.

La conclusión que deja la información es incómoda y atraviesa siglas y generaciones: no demuestra necesariamente una protección explícita, pero sí evidencia que, durante años, ni PSOE ni PP generaron las condiciones para que un escándalo de esta magnitud se investigara con la urgencia que exigía. La impunidad, en ese sentido, no siempre se impone por la fuerza; a veces se construye con la falta de prisa y con la prudencia convertida en refugio del poder.