Detención en Komodo: la Justicia persigue responsabilidades tras el naufragio con una familia española

La detención del capitán del barco KM Putri Sakinah y del jefe de máquinas pone rostro y apellido —aunque parcial— a una tragedia que conmocionó a dos países. Las autoridades de Indonesia han acusado a ambos de un delito de negligencia con resultado mortal, un cargo que, según la fiscalía, puede acarrear hasta cinco años de prisión.

Ambos hombres permanecen en la comisaría de Manggarai Occidental. Fueron identificados como sospechosos el 8 de enero tras la investigación del hundimiento ocurrido la noche del 26 de diciembre en aguas de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo. En aquel momento viajaban 11 personas a bordo, entre ellas una familia española de seis miembros.

La pesquisa, que interrogó a 18 testigos y analizó varios informes periciales, concluyó que el capitán, identificado como L., de 52 años, no estaba a los mandos cuando se produjo el accidente: había cedido el manejo al jefe de máquinas, MD, de 23 años. La policía sostiene que L. “fue negligente al no hacerse responsable de su cargo” y que MD aceptó dirigir la embarcación sin tener los permisos legales para ello.

Días después del naufragio se localizaron los cuerpos de Fernando Martín, su hijo Mateo, de nueve años, y Lía, de 12 años, hija de la esposa de Martín. Andrea Ortuño, esposa de Martín, fue rescatada junto a otra de sus hijas, de siete años. Un menor de 10 años, Quique, no fue encontrado. Los otros cinco ocupantes de la embarcación, entre ellos la tripulación y el capitán, sobrevivieron.

Las primeras hipótesis apuntaron a una pérdida del motor como causa del hundimiento; más tarde, las autoridades admitieron que un fenómeno marino “inusual e impredecible” que originó grandes olas pudo haber tumbado la nave. La investigación ya ha sido remitida a la Fiscalía y ahora queda a la espera de que se fije fecha para el inicio del juicio.

La detención formal de los responsables es una respuesta procesal que busca esclarecer culpas y responsabilidades en un suceso que costó vidas y quebró a una familia española. El curso judicial marcará si la acusación de negligencia con resultado mortal se sostiene en sede penal y cuál será el alcance de las sanciones previstas por la ley indonesia.