Detención en Aruba: la trama que enreda al rescate de Plus Ultra

La noticia golpea con la frialdad de un procedimiento policial bien trazado: la Audiencia Nacional ha detenido en Aruba al empresario peruano Luis Felipe Baca Arubulu, señalado por la Fiscalía Anticorrupción como pieza relevante en la investigación por blanqueo de capitales vinculada a Plus Ultra.

No es una aparición fortuita. Según la investigación, Baca —ex banquero radicado en Suiza sobre el que la Fiscalía centró pronto sus pesquisas tras la información remitida por Francia y Suiza— fue registrado en la isla caribeña y ahora el juzgado que instruye José Luis Calama impulsa los trámites de extradición para tomarle declaración en España.

Los hechos apuntados por el Ministerio Público dibujan un mecanismo repetido: introducción de fondos presuntamente de origen ilícito en el circuito legal mediante operaciones inmobiliarias y, sobre todo, la concesión de préstamos a Plus Ultra. Fue precisamente ese tipo de operaciones el que dio origen a la investigación: la aerolínea recurrió a préstamos en plena pandemia para afrontar graves problemas de liquidez.

La instrucción sitúa también en el vértice de ese entramado al financiero Simon Leendert Verhoeven, y atribuye al grupo la facilitación de 1,3 millones a la aerolínea a través de sociedades offshore en Suiza y Reino Unido. Préstamos que, según el auto, fueron otorgados con un tipo de interés del 9% y acabaron siendo devueltos con cargo al rescate público de 53 millones aprobado por el Gobierno.

Esos apuntes llevaron, tras las primeras detenciones de diciembre, a que los autos consideraran la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales con utilización de fondos públicos: una imputación grave cuya investigación, por ahora, permanece bajo secreto.

No se ciñe la pesquisa a financieros. También fue detenido Julio Martínez Martínez, empresario y asesor externo de Plus Ultra, al que se le intervinieron entre 300.000 y 400.000 euros en su domicilio. Martínez, amigo personal del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, fue contratado por la aerolínea para labores de interlocución ante autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro, según ha informado este periódico.

El relato de la instrucción añade que Martínez percibió entre 600.000 y 700.000 euros por esos servicios y que transfirió 660.000 euros a Zapatero y a la empresa de marketing digital de sus dos hijas. Zapatero y la citada empresa han alegado que se prestaron servicios de asesoría y han sostenido que no existe vinculación con los préstamos investigados. Martínez, por su parte, niega cualquier vinculación con los préstamos objeto de la causa y defiende la legalidad de su actuación como consultor.

Los hechos conocidos colocan sobre la mesa preguntas incómodas: préstamos con interés elevado, sociedades offshore, transferencias millonarias y la posterior imputación de que fondos públicos del rescate acabaron abonando obligaciones vinculadas a esos mismos préstamos. La justicia ya actúa: detenciones, registros y peticiones de extradición que buscarán arrojar luz sobre un entramado que mezcla finanzas internacionales y decisiones con impacto directo en las arcas públicas.