Desproporción y contradicciones: el trasvase que pone en evidencia al PSOE

La política pública no admite juegos de salón ni equilibrios de malabarista. Cuando la comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura acuerda una derivación de 180 hectómetros cúbicos para los próximos tres meses, no se trata sólo de cifras: se trata de prioridades, de prudencia y de responsabilidad con el territorio.

Rubén Lozano, concejal del Grupo Municipal Popular, ha definido esa decisión como «absolutamente desproporcionada por su cantidad». Palabras que no son mera retórica: son el reflejo de una lectura crítica sobre el impacto de una medida que afecta al río Tajo y a las cuencas que lo sustentan. En política hidráulica, como en cualquier política de Estado, la mesura debe primar sobre la exuberancia administrativa.

Pero lo grave no es únicamente la cuantía autorizada: lo verdaderamente escandaloso es la disonancia interna que exhibe quien gobierna. Lozano ha denunciado «las contradicciones internas del propio Partido Socialista» tras conocer que, mientras el Gobierno regional califica la maniobra de «un tremendo error», el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha sostiene que «no se puede estrangular el desarrollo de Levante». ¿Quién gobierna? ¿Quién decide? ¿A qué coste?

Que desde un mismo partido se pronuncien juicios opuestos sobre una medida de esta envergadura resulta, en palabras del edil, «inaudito». Y lo es: la gobernanza exige coherencia, explicaciones y, sobre todo, criterios técnicos y sostenibles que no se sustituyan por titulares encontradas ni por equilibrios tácticos internos.

No es lícito esconder discrepancias bajo la alfombra cuando el agua —recurso vital y estratégico— está en juego. El debate sobre el trasvase Tajo-Segura debe sostenerse sobre datos, sobre transparencias y sobre solidaridad territorial, no sobre contradicciones que dejan a la ciudadanía atónita ante la falta de dirección clara.

La política responsable demanda que se pongan en primer plano los intereses de las cuencas y de los ciudadanos afectados, y que las decisiones se expliquen con rigor. Que las palabras oficiales no vayan por un lado y los hechos por otro. Que la defensa del desarrollo no sirva de coartada para imponer soluciones que otros califican de desproporcionadas. España merece claridad cuando se administra lo común; la ciudadanía merece certezas cuando se gestiona lo esencial.