Desprecio institucional en Granadilla: cuando imponer vence al diálogo

La política no puede reducirse a la pantomima de la imagen internacional cuando en el terreno real se pisotean las obligaciones mínimas de cortesía institucional y la seguridad sanitaria de una comunidad. Eso es, a juicio de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, lo que ha sucedido con la gestión del atraque del MV Hondius en Granadilla de Abona.

Dávila relata hechos concretos: remitió una carta al presidente del Gobierno y a los ministros competentes, sin obtener respuesta alguna. Ni respuesta oficial ni comunicación de los ministros —Mónica García, José Luis Escrivá (nota: el artículo cita a García, Torres y Marlaska; el nombre concreto de 'Torres' aparece en la noticia)—, ni del presidente, ni del delegado del Gobierno en Canarias, ni de sus gabinetes. Cuando los tres ministros entraron en las instalaciones del puerto, pasaron de largo por el edificio donde estaban las autoridades para dirigirse directamente a los medios. Hechos que, en la lectura de la presidenta insular, configuran un desprecio a las autoridades canarias y a la democracia local.

No se trata de retórica: la llegada del MV Hondius estaba catalogada de riesgo biológico extremo (nivel tres). El Cabildo solicitó que las operaciones se realizasen con la máxima celeridad —se pidieron 12 horas para el fondeo y las labores necesarias— y que se priorizase la transparencia y las pruebas diagnósticas oportunas. Señalan, además, que las PCR pudieron haberse realizado mientras el buque estaba en Cabo Verde, aprovechando colaboraciones del Instituto de Enfermedades Tropicales de la isla con la Macaronesia.

Pese a esas peticiones y advertencias, el barco permaneció fondeado más de 30 horas en Granadilla —frente a las 24 horas demandadas por las autoridades locales— y las decisiones sobre repatriaciones y sobre el uso de plazas disponibles en aviones españoles suscitaron interrogantes. Dávila cuestiona por qué, si había un avión español con 210 plazas, sólo volaron 14 personas en él, mientras que en aviones fletados por otros países viajaron varias nacionalidades; y demanda el documento de la OMS que explicara supuestas imposibilidades para repatriar a los extranjeros aún a bordo.

La presidenta tinerfeña no disimula su indignación: califica la conducta del Ejecutivo como una actitud «antidemocrática», acusa «un desprecio al pueblo canario» y afirma que esos modos no se habrían tenido con gobiernos de otros territorios como el País Vasco o Cataluña. Sus palabras no son florituras: reclaman respuesta a hechos palpables: cartas sin contestar, visitas ministeriales orientadas a la foto, tiempos de fondeo incumplidos y preguntas sobre criterios y transparencia en la gestión sanitaria.

Cuando la política se convierte en «ventana diplomática» —como la define Dávila— y la gestión técnica y el respeto institucional quedan subordinados a la proyección internacional, se traiciona la primera obligación de cualquier gobierno: proteger y escuchar a quienes representan directamente a la ciudadanía afectada. La llegada de sintomáticos —entre ellos una pasajera francesa y un estadounidense— mantiene la atención sobre hospitales, protocolos y decisiones tomadas. Y sobre la mesa queda, irremovible, la pregunta que formularon las autoridades insulares: ¿dónde están las respuestas? Una democracia que no responde a quienes la interpelan desde el territorio deja de ser diálogo y se convierte en imposición.