De rodillas ante la historia: el Vaticano pide perdón por el despojo a los Tallán

Hay gestos que hablan más alto que las palabras y otras veces hablan demasiado tarde. El 23 de mayo, representantes de la Iglesia católica se arrodillaron ante la comunidad San Juan Bautista de Catacaos. Un gesto solemne, emotivo —dijo el enviado vaticano Jordi Bertomeu— y, a la vez, una confesión de retraso: «tendríamos que haber llegado hace 20 años». ¿Qué revela esa tardanza sino el peso acumulado de estructuras que, según la investigación y las denuncias, otorgaron impunidad al despojo?

Los hechos no son nebulosos. El Sodalicio de Vida Cristiana, fundado en 1971 por Fernando Figari y suprimido por orden del papa Francisco en abril de 2025 tras investigaciones por abusos y corrupción, aparece ligado a empresas que terminaron controlando terrenos que las familias Tallán consideran suyos desde tiempos comunales y precoloniales. La transferencia inscrita en registros públicos el 18 de diciembre de 1998 y el posterior traspaso de esas tierras a sociedades como Pampa Loma Vega y, finalmente, a la Asociación Civil San Juan Bautista —vinculada al Sodalicio— están en el centro de la disputa.

No estamos ante una controversia retórica sino ante testimonios de vida: comuneros que aseguran no haber conocido ni firmado asambleas que supuestamente autorizaron la transferencia; constancias de que varios de los supuestos firmantes estaban muertos o negaron su rúbrica; y voces como las de Percy Maza y Paula Sandoval, que hablan de persecución, criminalización y de haber sido tratados como «pobres» y «del campo» a quienes se pudo desplazar sin mucha resistencia institucional.

La historia registra nombres y responsabilidades que no deben borrarse con palabras solemnes. José Antonio Eguren, fundador de la Asociación Civil San Juan Bautista y figura ligada al Sodalicio, aparece en el expediente y en la narrativa de la comunidad: renunció al directorio al asumir funciones eclesiásticas, pero las preguntas sobre la persistente influencia del movimiento religioso en decisiones empresariales no se disiparon. La periodista Paola Ugaz, que ha investigado los vínculos económicos del Sodalicio en Perú, lo ha señalado públicamente.

¿Es el perdón un final o el comienzo obligado de reparaciones efectivas? Los comuneros recibieron flores blancas y calificaron la escena como un acto de justicia; el enviado vaticano habló de «vergüenza» y de aprender del error. Pero los hechos que denunciaron —transferencias inscritas, aportes de terrenos como capital, presuntas asambleas desconocidas por los afectados— requieren claridad jurídica y restitución tangible de derechos territoriales, no sólo el gesto simbólico de una misa.

La lección es clara y severa: cuando el poder económico se enmascara bajo abrigo religioso, la vulnerabilidad de pueblos originarios y campesinos se agrava. Que la Iglesia se arrodille no exime a nadie de rendir cuentas ante la justicia, ni sustituye la necesidad de recuperar tierras, reconocer derechos comunales y garantizar que las víctimas de criminalización y amenazas reciban reparación.

En el noroeste de Perú se escribió una página más de acumulación de agravios que explican por qué la protesta y la exigencia de justicia se vuelven irrenunciables. El perdón pedido por Roma es un paso; la restitución de la dignidad, la seguridad jurídica y la recuperación de lo usurpado deben ser los pasos siguientes y medibles. No basta la emoción: la historia pide medidas concretas y memoria activa para que esto no se repita.