De las libretas al pelotazo: la reunión en Servinabar que delata influencias y apetitos

La libreta no miente: el 6 de julio de 2021, según el acta que obra en el sumario al que ha accedido EL MUNDO, Leire Díez acudió a la sede de Servinabar y registró hasta 29 posibles "pelotazos" en el sector público. No son intuiciones etéreas sino puntos concretos anotados en papel con membrete de la empresa navarra.

En esas páginas aparecen trazadas las conexiones y los repartos de tareas: el trío referido como Hirurok —Leire Díez, Vicente Fernández y Antxón Alonso— y la presencia, según la investigación, de Santos Cerdán en la organización, cuando él niega relación. El acta exhibe acceso a información interna de empresas públicas y administraciones y plantea operaciones que iban desde suelos de Mercasa hasta edificios de Correos o rescates estatales, todo ello bajo el radar del encuentro.

No son meras ideas. El documento recoge gestiones concretas: un negocio de mobiliario y comunicaciones en Paseo de la Habana asignado a "Leire"; la búsqueda de inversor y aseguramiento urbanístico para convertir un edificio de Correos en Salamanca en proyecto de "Antxón"; y el papel de Vicente Fernández en la operación de rescate de Tubos Reunidos, con la anotación sobre 112,8 millones comprometidos por la SEPI y la expectativa de influencias políticas.

Los apuntes vinculan además a la trama con empresas privadas: comisiones por la mediación en subvenciones de Sepides a una filial de Forestalia; la relación con Aciturri ante una potencial compra de ITP y la oferta de encuentros "al máximo nivel" en Sabin Etxea; incluso operaciones menores, como un pago de 17.545 euros en una operación con Enusa/Remesa en Melilla. Mercasa aparece repetidamente en el orden del día y terminó encargando a Servinabar un estudio de viabilidad por 15.000 euros, según la investigación.

El acta delata un diseño organizado, con "clarísima distribución de papeles" según el sumario: acceso a información, búsqueda de inversores, presiones políticas implícitas y reparto de comisiones. También se apuntan relaciones personales y de influencia: la cercanía de Fernández con la cúpula estatal —que, recuerda el sumario, había dimitido de la SEPI en 2019 por el caso Aznalcóllar— y referencias a la presión del PNV para condicionar decisiones, que la propia nota pone sobre la mesa.

No es una prédica ni una hipótesis grandilocuente; son anotaciones labradas en papel. El material incautado convierte lo que podría haberse descrito como simple networking en una hoja de ruta de oportunidades de negocio a costa de lo público. Eso es lo que debe exigir la sociedad: transparencia, aclaración y, sobre todo, responsabilidades cuando la línea entre influencia y aprovechamiento público se desdibuja ante la evidencia documental.

Que los hechos ahora estén en el sumario no exime de la gravedad política y moral del escenario descrito en las libretas. El país tiene derecho a saber hasta qué punto se trazaron esas operaciones y a qué resultados condujeron; la justicia investigará, la opinión exigirá respuestas y los ciudadanos juzgarán la manera en que se empleó la confianza pública en beneficio privado.